El pasado 8 de noviembre se aprobó por la cámara federal “en lo general, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017, el cual contempla un gasto neto total por cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos (mdp), y prevé un déficit presupuestario de 494 mil 872.5 mdp.”
El acuerdo logrado entre las distintas fracciones parlamentarias modificó el proyecto original enviado por el ejecutivo; por ejemplo reasigna 67 mil 707 millones para desarrollo social, campo, justicia, entre otros rubros. Con todo y ajustes el monto aprobado es menor en 0.7 por ciento respecto del presupuesto 2016.
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Más allá de las particularidades del proceso y precisamente por ser de naturaleza restrictiva, es notorio el contrasentido que significa la asignación de cuando menos 20 millones de pesos para cada diputado federal.
En total el PEF-2017 contempla -fuera del sentido común y de la legitimidad democrática- 10 mil mdp que no serán etiquetados y servirán para obra pública en los 300 distritos. Sólo que el tipo de obra no es conocida, no ha sido solicitada en específico. Es un recurso que no se sabe bien a donde irá, menos cuales son los criterios para decidir, si es que hay proyectos, quienes serán beneficiarios. No se conoce como se invertirá y a quien o a quienes se contratará para la ejecución. Lo cual no es obstáculo para que en enero los “representantes populares” arriben a sus distritos como los reyes magos. A repartir obra pública discrecionalmente.
En el dinero que los legisladores ¿gestionarán? ¿repartirán? priva la inercia autoritaria; se muestra descaradamente opacidad, corrupción, inexistente rendición de cuentas. Representa, además de corrupción, una regresión antidemocrática; demerita los procesos de transparencia y rendición de cuentas, golpea la credibilidad de las instituciones, daña la raquítica democracia y debilita los dispositivos de control que se encuentran en la división de poderes y en sus pesos y contrapesos. Hace confluir (miserablemente; el monto ronda el .02% del PEF-2017) en el legislativo funciones del ejecutivo.
Con la instalación de la reelección ininterrumpida se auto obsequian carta de naturalización para perpetuarse en el poder legislativo bajo auspicios de dinero público. No hay calificativos menores.
Son patéticos los argumentos para incluir la partida en cuestión. Palabras más menos, afirman: “Son para cumplir promesas de campaña” (rayan en el cinismo), “A pesar de que la principal función de un diputado y diputada es la de legislar, está muy claro que la gente espera de nosotros gestiones ante el gobierno y lograr beneficios para la población”.
La confusión entre gimnasia y magnesia es interesada y brutalmente extractiva de recursos públicos. El dinero ha sido usado para cobrar “moches”; porcentajes que van del 10 al 20 % del total para la bolsa privada. Es altamente ofensivo.
El escándalo mediático ha obligado al Senado de la República a turnar el siguiente acuerdo: “Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, se abstenga de crear fondos dentro del Ramo 23 que se presten a prácticas de corrupción en la asignación de fondos públicos, y particularmente al uso indebido de recursos públicos a través de los desvíos conocidos como “moches”.
Es evidente, los recursos, instalados desde el presupuesto federal 2015, provocan perversión de funciones. En lo sustancial la cámara de diputados legisla; tiene funciones jurisdiccionales y de control evaluatorio; no de administración y ejecución del gasto público.
El agravio es mayor, los 10 mil mdp son para los 500 legisladores. Si el criterio es la ejecución de obra pública para 300 distritos, quedan en el limbo 200 diputados de representación proporcional que no representan a ningún distrito. ¿Quién administra o va administrar alrededor de 4 mil mdp? Evidentemente los jefes de la burocracia del partido: el jefe de la bancada legislativa y el presidente del partido. La razón es muy obvia, los acuerdos para votar en contra o a favor de una iniciativa surgen del cabildeo con ambos, no de la borregada que forma el pleno de la cámara.
Salvo algún evento extraordinario en la esfera pública y si el ejecutivo federal no solicita prórroga, el próximo 15 de este mes, el PEF-2017 será aprobado sin mayores contratiempos.
¿Por qué los diputados, representantes populares, acuerdan contra el interés de los ciudadanos?
Aventuramos una hipótesis: el social- conformismo de los mexicanos es de asombro, crece, se extiende a todos los sectores de la población. Los actos de saqueo público no le acongojan, se esconde de su responsabilidad ciudadana. Es de segundo orden la preocupación por el futuro de la sociedad, menos le interesa poner límites a la rapiña de una clase política que emergió de la añeja demanda de democracia, que disfruta de jugosos incentivos económicos y que se prepara para volverse quiste del presupuesto.
El reto no es fácil. Aparte de enfrentar las tropelías de poderes fácticos, negligencia y estupidez de los gobernantes, desamparo de los sistemas de justicia federal y estatal, violencia delincuencial, hoy la sociedad verá pasar, ante su inmovilismo y falta de inventiva ciudadana, el desfile de los antiguos levanta dedos, hoy convertidos en poderosos depredadores del futuro del país.
gnares301@hotmail.com
http://www.pan.senado.gob.mx/2016/10/demanda-senador-ruffo-a-diputados-acabar-con-los-moches/