Tal y como lo comenté en este espacio, los linchamientos y la toma de justicia por propia mano no se han hecho esperar en Puebla. Ciertamente en un artículo que titule “TSJ habrá que esperar diez años”, di cuenta de la entrevista que un comandante de la policía ministerial proporcionó al autor de estas líneas, refiriéndome en aquella ocasión dicho agente, que se encontraban absolutamente rebasados para contener la delincuencia en la entidad.**
En días pasados la presidencia auxiliar de San Francisco Totimehuacan, sufrió los estragos de la molestia social por la inseguridad, ello cuando pobladores enardecidos destruían el recinto municipal, sin embargo, cuando esto acontecía en la carretera a Valsequillo se ubicaban dos retenes de la policía estatal realizando labores de “recaudación”.
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En San Lucas Nextetelco, junta auxiliar de Juan Crisóstomo Bonilla, el hartazgo llego a esa población quien optó por el cierre de la carretera federal Puebla- México ya que afirman los pobladores, son presas de la inseguridad y ambición desmedida de fraccionadores que acaban con las tierras de labor sin beneficio alguno para la población carente incluso de vías de comunicación, no obstante que de esta comunidad se enriquece explotando sus mantos acuíferos una empresa que lejos de beneficiarlos les genera gran afectación ecológica por la descarga de aguas residuales extremadamente contaminadas en sus campos.
En el mismo contexto padres de familia del centro escolar Niños Héroes, ubicado en el boulevard cinco de mayo a unas calles de la fiscalía general, sometían por propia mano a un delincuente de celulares, de esos que han proliferado en Puebla, por tener en pleno centro de la capital un especifico mercado de compradores hasta donde se dice llegan incluso policías uniformados a vender teléfonos celulares.
Hasta el día de hoy diversos medios de comunicación dan cuenta de al menos seis intentos de linchamiento, en tanto que en Xicotepec de Juárez se cometió el feminicidios número 63 en pleno centro de ese lugar.
La inseguridad en Puebla, es ya un reclamo social grave y los mecanismos de la población para llamar la atención de los gobernantes irán subiendo de tono, pues la eficiente recaudación económica del estado contrasta precisamente con la respuesta que debe darse a quienes claman justicia y seguridad, ya que si bien es común ver a patrullas policiacas con sirenas encendidas por las calles de la ciudad, folclórico resulta que su objetivo sea el puesto de memelas o tamales por encargo de algún mando, situación que ha fomentado la perdida de respeto a dichas patrullas frente al mal uso que realizan en agravio de la ciudadanía.
Al inicio del sexenio se nos habló de la creación de una policía de “proximidad social”, se hizo alarde de la adquisición de cientos de patrullas debidamente equipadas y de un incremento en el salario de policías; en efecto, se incrementó el número de patrullas pero para estar próximas al bolsillo de los ciudadanos, ello por vía de los diversos retenes que los agentes policiacos sin táctica alguna instalan en la ciudad capital y al interior del estado.
Por mandato Constitucional (artículos 21 y 115), la seguridad pública está entregada al estado, quien se sirve de ella como garrote político y mecanismo recaudador muy por encima de la finalidad que inspiró al constituyente y desde luego, muy lejos del verdadero beneficio social.
Al finalizar su sexenio el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, debe plantear quizá su única reunión con el gabinete de seguridad, exigiendo a éste un esfuerzo que nunca realizó porque como he dicho en anteriores entregas los responsables de seguridad y justicia en la entidad no tienen la menor inclinación afectiva por un estado al que propiamente se dedicaron a joder, pues basta observar el origen y arraigo de los siguientes personajes: Jesús Rodríguez Almeida, originario de la ciudad de México; Víctor Carranca Bourget, Fiscal General, originario de la ciudad de México aun cuando solicitó en julio de 2015, por intereses políticos su calidad de poblano, Roberto Flores Toledano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, originario de la ciudad de México y Diodoro Humberto Carrasco Altamirano, originario de San juan Bautista Cuicatlan, Oaxaca.
De lo expuesto juzgue, inteligente lector, ¿a quién realmente interesa la seguridad pública de los poblanos? Incuestionablemente que por lo menos a estas autoridades no, ello desde luego porque los resultados son innegables.
Muy cerca estamos de llegar a la ilegal constante de que ciudadanos busquen justicia por propia mano y si no, al tiempo, desde luego, excepción hecha que el gobernador electo realice una verdadera recomposición del gabinete de seguridad publica en la entidad, situación esta última que se ve bastante pero bastante lejos.
jurídico_rangel@hotmail.com