La fórmula aliancista para ganar elecciones ha llegado a su fin. La afirmación tiene evidencia en el contexto nacional y local.
La etapa inaugurada con la creación del Frente Democrático Nacional, plataforma de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, causó inicial extrañeza al juntar a importantes segmento de opositores izquierdistas al lado de personajes destacados del priismo nacional. En esta primera fase el argumento fue político, de naturaleza anti-régimen. La agenda enfatizaba unir fuerzas para derrumbar al presidencialismo autoritario mexicano. Vista en el tiempo esta primera experiencia priorizó interés público sobre el privado.
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El impacto fue de largo plazo. Consolidó para la sociedad mexicana una agenda democratizadora y dibujó elementos de identidad política centro izquierdista, con fuerza para disputar electoralmente la presidencia del país. A la fecha son más los partidos que se instalaron en dicho cuadrante de la arena electoral que hacia el extremo derecho.
La conversión Frentista en PRD consiguió reformas electorales que el PAN por sí solo no había podido lograr durante décadas. Incluso, la emergencia de dicha oposición potenció la presencia azul en perspectiva ideológica, dejando atrás en el imaginario social, la imagen de comparsas marginales del régimen autoritario (“oposición leal”), afirmando vocaciones reales para buscar el poder presidencial.
El modelo coalicionista, fue retomado por Acción Nacional. Vicente Fox compitió junto al Verde Ecologista, sin embargo, lo que apuntaba ser un ejercicio incluyente de gobierno presidencial, se convirtió en mera expectativa. Las alianzas electorales mostraron sus límites al hacerse visibles sus usos perversos. La inicial perspectiva democratizadora, que constituyó el cuerpo de encuentro de fuerzas ideológicas económicas, sociales y políticas diversas, dio lugar, por las características del sistema presidencial mexicano, a invertir el sentido originario: el interés público fue marginal, se subordinó desde la esfera gubernamental a los intereses de elites, particulares, privadas, facciosas.
Nuestro sistema de gobierno presidencial es fuerte. La figura del ejecutivo concentra y monopoliza decisiones sustanciales de la vida pública. Incluso, como ha ocurrido, aun sin contar con mayoría en el congreso, el ejecutivo federal ata y desata con regalado antojo; el poder de veto, las extraordinarias atribuciones discrecionales, su condición de jefe de gabinete y la rigidez del periodo de gobierno, hacen de la figura un ente que institucionaliza la discrecionalidad del ejercicio del poder público. En suma: el ejecutivo federal mexicano acabó por discrecionalizar los usos de las alianzas electorales, se volvieron de utilidad facciosa. Su democratizadora finalidad originaria fue utilizada perversamente. Quienes participaban en la función pública gracias a una alianza electoral lo hicieron en calidad de individuos y no a nombre del partido aliado. En todo caso decidieron las mafias y camarillas que acabaron aceptando la jerarquía en turno.
El ejercicio de recursos púbicos se convirtió en el principal eje cohesionador de una nueva elite política de origen partidario múltiple que desdibujó toda intención democratizadora, de rendición de cuentas, con ausencia notable de perfiles ideológicos. La confluencia se concentró únicamente en la participación facciosa de la hacienda pública.
Las prácticas democráticas y republicanas para hacer y pensar la política se debilitaron. Los valores se invirtieron. Se premió la deslealtad, la traición, el cambio de siglas, la corrupción. No importaron los antecedentes, los valores de transparencia, honestidad y resultados en los varios cientos de buenos ejercicios de la función pública. Importó el pragmatismo simple, llano.
El momento cúspide fue el pacto por México, que bien pudo constituirse como la proclama de un gobierno aliancista donde sólo es gobierno el partido que controla el poder ejecutivo. El resultado ha sido negativo para los tres participantes. El PRI atraviesa su fase terminal. EL PRD perdió franjas de votantes que lo arrojaron al sótano y el PAN vive la peor disputa pública en su historia por la candidatura presidencial.
Los saldos del pacto por México acabaron por enterrar la dirección tendencial de las alianzas en la política mexicana. El PRI postulará a su candidato y sus satélites se sumaran, lo cual no es una alianza. El PAN fortalece su preferencia por competir solo, además el PRD ya no es atractivo. El lopezobradorismo ha declarado su intención de aceptar otras fuerzas pero supeditadas a la figura y decisiones de su liderazgo.
Puebla aportó peculiaridades a las alianzas políticas, si bien en el 2010, aparecieron varios partidos bajo las siglas “Compromiso por Puebla”, lo significativo fue la traducción social de dicha alianza. Es decir, fue exitosa porque incorporó un sinnúmero de liderazgos sociales de todos los rincones de la geografía poblana. Fue más que partidaria, de índole social.
Dicho modelo se reprodujo con éxito en el 2016. Al actual gobernador electo lo acompañó un equipo diverso, expresión de una formula inclusiva sustentada en una estructura convergente, con mecanismos de participación y colaboración política amplia, no restrictiva, multiplicadora, con prospectiva, compuesta por un ejército de operadores y cuadros electorales que trascendió las siglas partidarias.
Aunque flota en el ambiente excesiva cautela, sobrada e injustificada desconfianza, lentitud en los arreglos de transferencia, lo cierto es que urge incrementar empatía social hacia proyectos políticos locales y nacionales: la mecánica de transmisión institucional debe abrir puertas a la estructura aliancista.
Aunque opera en contra el tiempo breve, el exclusivismo no debe ser el criterio de operación gubernamental. Conforme más tarden las definiciones al interior de la elite gubernamental, más se fortalece la política de los demás partidos encaminada a promover realineamientos electorales con miras al 2018.
Una conclusión se impone, ante la debacle del modelo aliancista partidario, no está demás insistir en el pluralismo decisional como fórmula innovadora de la política para construir alternativas políticas mayoritarias de larga duración.
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