Con tristeza veo que es directamente proporcional el crecimiento de la inseguridad, de la dificultad de los ciudadanos para acceder a la justicia, con la disminución de la participación gubernamental en la impartición de justicia.
Es lamentable como en nuestro Estado y en el centro del país cada vez tenemos cifras más grandes sobre linchamientos, sobre ciudadanos que a falta de una acción por los cuerpos policiacos deciden hacer justicia con sus propias manos.
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Aun y cuando los medios oficiales de comunicación se cierran y se ciegan ante este fenómeno, en las comunidades se convierte en una forma de hacerse escuchar ante el llamado de justicia al aparato gubernamental, a reducir la impunidad y la indiferencia que se tiene hacia ellos.
Si bien es cierto, retomando la definición de justicia que dice que es dar a cada quien lo que corresponde, me permito poner estas preguntas a consideración: ¿Quién debe dar eso que se merecen? ¿Cuáles son las instancias que deben actuar de forma inmediata y cuáles en consecuencia de esa acción?, y más importante aún ¿dónde están esas instancias o figuras?.
Podemos hacer oídos sordos a llamados de justicia de poblaciones en donde llega un grupo de personas que delinquen a diestra y siniestra, que roban, secuestran, violan, saquean, extorsionan; pero, cuando cansados de hacer llamados a autoridades que no tienen la capacidad (y me refiero a económica, material, humana, etc.,) o simplemente no quieren atender esos temas al no considerarlos prioridad, ejercen lo que para ellos es justo, entonces sí se convierte en un tema de atención que atrae prensa, movimientos en defensa de los derechos humanos, participación de instituciones locales, estatales y en casos extremos internacionales.
Entonces un linchamiento sí merece la atención que un reclamo de justicia de una población no consiguió.
¿Qué tanto hace falta que pase alrededor nuestro para que se tomen cartas en el asunto?, no me gustaría pensar que a falta de mecanismos de seguridad, retrocedamos lo que con tanto esfuerzo y durante tantos años hemos luchado por conseguir, una impartición de justicia inmediata que además de atender denuncias oportunamente, prevea acciones delictivas.
El presupuesto para seguridad es analizado constantemente por diferentes niveles, desde el Congreso de la Unión, a los cabildos municipales; podría enlistar una buena cantidad de instituciones encargadas de impartir justicia a lo largo y ancho del País y del Estado, de cuerpos policiacos y de figuras de seguridad pero mientras no se opere con transparencia, con la certeza de que conocemos el problema desde el fondo, dudo que los recursos destinados a la justicia y a la seguridad lleguen a satisfacer a la población tal como se requiere.
No será el uso de la fuerza y la violencia la que termine con más violencia, el Gobierno del Estado debe escuchar a los habitantes de los lugares donde ha habido linchamientos o intentos de linchamiento para conocer qué origina esos actos de violencia, para dar una solución pacífica y sobre todo preventiva, para que no se repitan estas situaciones en ese o en otros lugares.
La capacitación en esto es pieza fundamental, el actuar de las fuerzas policiacas municipales y estatales debe ser coordinada, mutua, integral, pero sobre todo inmediata; atender antes que un pueblo tome decisiones sobre la vida o integridad de quienes deben ser juzgados como corresponde.
Insisto en que la violencia no se erradica con más violencia.
@RoxanaLunaP