Uno de los conceptos que integran el llamado Derecho a la Ciudad consiste en otorgar mayor seguridad y comodidad a los ciudadanos que todos los días transitan por las calles de las metrópolis. Cuando esas condiciones se vulneran por la falta de ordenamientos y reglas, ocurren accidentes que derivan en pérdidas humanas y materiales.
Esta semana presenté ante el Congreso del Estado un exhorto en el que invito respetuosamente a los ayuntamientos del estado, que cuenten con vialidades urbanas, para que emitan o actualicen las normas que regulan el tránsito, movilidad y seguridad vial en sus territorios.
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La anterior disposición debe contener acciones encaminadas a la modernización de la infraestructura vial y de transporte público más seguro; el desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables; el fomento del uso de vehículos más seguros; el mejoramiento del comportamiento de los usuarios de las vialidades; y el aseguramiento de la normatividad y el tránsito.
El tema de la seguridad vial ha sido atendido desde el ámbito internacional, donde se ha creado una serie de documentos que describen la magnitud de la situación de los traumatismos causados por el tránsito, sus efectos sociales, sanitarios y económicos, los factores de riesgo específicos y las intervenciones eficaces.
Al verificar lo anterior y con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Esto ha obligado a la comunidad internacional a considerar la seguridad vial como una cuestión política mundial; por ello el seis de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Secretario de Salud, por el cual se dio a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.
El programa tiene el propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de tránsito en la red carretera federal y vialidades urbanas, así como promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica pre hospitalaria e intrahospitalaria por accidentes de tránsito.
Esta estrategia de seguridad vial propone la realización de actividades en los tres órdenes de gobierno, tanto en la red carretera federal y vialidades urbanas, como en los establecimientos médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito.
De esta manera, las acciones a seguir se dividen en cinco categorías temáticas: mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de acciones multisectoriales en los diferentes órdenes de gobierno; evaluación y mejoramiento de la infraestructura vial y de transportes más seguros; vehículos más seguros; cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito; y promover la mejora de los servicios de atención médica pre hospitalaria e intrahospitalaria, derivados de accidentes de tránsito.
Es así como Puebla debe sumarse a la modernización de la infraestructura vial y de transporte más seguro, pues será la única manera en que se pueda generar una conciencia verdaderamente ciudadana en donde se antepongan los intereses colectivos y no los particulares al momento de transitar por nuestras calles, en donde todos los días, la imprudencia y la falta de infraestructura adecuada ocasiona indeseables percances.