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Opinión



¿Cómo compra el gobierno? Acciones en pro del Gobierno Abierto

Domingo, Julio 3, 2016 - 19:32
 
 
   

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Desde el punto de vista de la Alianza para el Gobierno Abierto, la relación de la Transparencia y la participación ciudadana logran que la rendición de cuentas sea más eficiente, siendo ejemplos a nivel internacional de estas buenas prácticas, el caso de Nueva York en donde por medio de una aplicación para dispositivos móviles es factible denunciar delitos en tiempo real y evaluar el seguimiento de las autoridades para identificar las zonas con mayor o menor densidad delictiva; también se encuentra el caso de Brasil en donde los servidores públicos por medio del programa de presupuestos participativos, publican los gastos en línea dentro de las siguientes 24 horas una vez que los ejercen, con lo cual han demostrado que los índices que corrupción en el manejo de recursos disminuyen; por otro lado se encuentra la experiencia de Chile, con el programa de campañas abiertas, donde los votantes pueden preguntar cuál es el origen de los recursos por medio de los cuales se patrocinan las campañas electorales existiendo el espacio para que los candidatos respondan y reporten la naturaleza del recurso.

Un componente que marca la diferencia entre las acciones y políticas públicas del acceso a la información respecto del gobierno abierto, es el uso de las tecnologías de la información en beneficio de la sociedad; Manuel Villoria investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid considera que cuando se mide la transparencia, a través de las TIC´s , se habla de  open government para aportar al ciudadano mayor información, ayudar a la sociedad a tomar decisiones mejores y más racionales y promover sociedades más ricas y democráticas.

Recientemente el gobierno de la Ciudad de México ha lanzado el sitio web http://contratosabiertos.cdmx.gob.mx/ que permite analizar las decisiones públicas así como el ejercicio del presupuesto público en las asignaciones contractuales de esa administración. Recordemos que en nuestro país existe la estructura jurídica para regular los contratos en los que participa el Estado, desde Tratados Internacionales en materia comercial que establece el valor económico de las compras, los umbrales, la aplicación del principio de trato nacional y no discriminación, las reglas adicionales a la legislación para el procedimiento de licitación pública, los bienes que se consideran incluidos o excluidos bajo reglas especiales, hasta la posibilidad de incluir procesos de negociación; así como las obligaciones que emana de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, las Reglas de conducta y recomendaciones para combatir la extorsión y el soborno emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado.

Por su parte, el derecho nacional regula desde el artículo 134 constitucional los procedimientos que el Estado deberá desarrollar para asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias en las licitaciones públicas, invitaciones restringidas, asignaciones directas o cualquier otro mecanismo jurídico por medio del cual se otorgue el fallo para la celebración de los contratos públicos, siendo importante recordar que los recursos públicos que sean destinados para estos fines deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que los servidores públicos será responsables en materia administrativa, penal, patrimonial y/o política, cuando así llegase a proceder. A partir del año 2012, con la entrada en vigencia de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, las responsabilidades y sanciones se torna aplicables también para personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por las infracciones en contrataciones públicas de carácter federal e internacional, para reconocer la corresponsabilidad a todos los miembros de una entidad desde sus representantes, comisionados, consultores y hasta empleados, que hubiesen incurrido en algún acto de corrupción en materia de contratación pública.

Es un placer saludarles y continuar promoviendo la cultura de la Legalidad y la Transparencia. Estaremos dando seguimiento a las dudas que gentilmente nos expresan de estos y otros temas. Como siempre agradezco, con mucho respeto, sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com.


Semblanza

Norma Estela Pimentel

Semblanza Norma Pimentel Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”. Fue speaker Tedx Buap Wowen 2019 “Bold + Brilliant” con la conferencia: “Tu Indiferencia Mata”. Ha impartido seminarios, talleres y diplomados para la construcción de indicadores con perspectiva de género sobre la Ley de rendición de cuentas, así como para la creación de políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana con Perspectiva de Género, entre otras, con enfoque a servidores públicos estatales y municipales. Durante 2018 y 2019 impartió 15 conferencias enfocadas a analizar los aspectos jurídicos y administrativos de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, como por ejemplo la presentada en el Foro de análisis de políticas públicas con perspectiva de género, paridad y derechos universitarios de las mujeres, en Congreso del Estado de Puebla; así como de las formas de violencia de género, por ejemplo la Conferencia, “Alerta de Género”, dictada en la Casa de la Cultura Jurídica Jurídica Puebla, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Es abogada certificada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C, así como por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, lo que implica su constante preparación en sus áreas de especialidad, así como su certificación en estándares éticos y de integridad. Durante 2017, 2018 y 2019 participó como ponente en la Semana de Transparencia y Acceso a la Información, promovidas por la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla y de Tlaxcala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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