Iniciemos conceptualizando la palabra DEMOCRACIA como signo de una actividad social, que es la adecuación de las leyes a los tiempos que corren, considerando el conocimiento científico, la crítica razonada, que incluye el desacuerdo y la tolerancia; es decir, mejores opciones para la libertad.
No se trata de que todos pensemos igual, sino precisamente porque lo humano es lo contrario: cada uno percibe y actúa el mundo de forma diferente. Respetar implica incluir, o dicho de otro modo: comprender. Quien puede observar la realidad desde sus distintas caras, medir los ángulos diversos y entender sus bordes, evita juzgar precipitadamente: va comprendiendo y actuando por convicción.
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Al igual que los ciudadanos, los gobernantes y en general, los servidores públicos ejercen esa democracia política, cuya principal característica –que en lo fundamental constituye su esencia distintiva- es la responsabilidad pública; es decir, el complejo institucional que permite establecer consecuencias positivas o negativas en el actuar, ya sea por el uso correcto o por abuso de la autoridad que se posee, por eficiencia en el cumplimiento de las funciones o negligencia o torpeza en la administración pública. Tales consecuencias pueden ir, en un caso, desde el reconocimiento público, o en su contrario, desde el desalojo del poder hasta la sanción legal correspondiente. Sin embargo, debemos agregar que la responsabilidad política sólo puede considerarse de esta forma cuando asumimos antes una RESPONSABILIDAD ÉTICA. Pues no debemos olvidar que antes que servidor público, gobernante o político, somos humanos, y como tales debemos asumir todas las condiciones que la construcción de nuestra personalidad y carácter requieren. Asimismo, somos ciudadanos y por ende responsables de nuestro actuar como miembros de una sociedad. Sin tales dispositivos, será raro el gobernante que se abstenga de utilizar su privilegiada situación en su propio provecho, pasando por alto el interés social, ya que la construcción ética, es decir personal y ciudadana siempre será el reflejo de nuestro actuar, como resultado de la formación familiar, escolar y social.
Más allá de la injusticia que pudiera ocasionar de manera inherente la carencia de formación ética social, si la concebimos desde el peligro en que la impunidad gubernamental pone a la estabilidad y continuidad del Estado, resulta, por tanto, juicioso para los hombres que dedican su vida al servicio público.
Debemos atender esto de manera prioritaria y, más aún, si se trata de institucionalizar un orden político estable, benéfico y de largo plazo, por lo que lo mejor que podemos hacer es establecer un mecanismo permanente que dé libertad a cualquiera de acusar los desvaríos y excesos de todo ciudadano, incluyendo los que ocupan las magistraturas más elevadas, ante el tribunal competente para ello, aunque no pudiera fundarse sin la debida formación ética respaldada por la base de la responsabilidad social. Por tanto también estamos obligados –como ciudadanos- a cumplir con los requisitos mínimos que la condición impone. De esta manera se logrará, no sólo la armonía y desarrollo deseados, sino que también de forma natural permitirá la prosperidad del Estado al que pertenecemos.