Cuando estamos a poco más de 5 semanas de las elecciones de 5 de junio, la conducta de los dos organismos encargados de garantizar la legalidad de los procesos electorales en el país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, se encuentra bajo el escrutinio de la opinión pública.
El INE, por el caso de la filtración del listado nominal de electores que fue descubierta en Estados Unidos y el TEPJF, por restituir ilegalmente sus candidaturas a los gobiernos de Zacatecas y Durango, a dos personas que les fueron canceladas por incumplir la obligación que les mandata la ley electoral de entregar oportunamente sus informes de ingresos y gastos de precampaña.
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Respecto a la filtración del listado nominal de electores, los consejeros del INE, Ciro Murayama, Enrique Andrade y Benito Nacif, anunciaron que el miércoles 20 de abril, ese organismo electoral presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, contra quien haya cometido esa falta.
Se trata de una copia de la lista nominal que el INE entregó el 15 de febrero de 2015 a todos los partidos políticos. Ese documento tiene una marca digitalizada que permite saber a quién fue entregada. Cosa que facilitará identificar al responsable de subir ilegalmente a la nube los datos personales de 93.4 millones de electores.
Chris Vickery, experto en seguridad informática, es la persona que en Estados Unidos encontró descubrió el listado del INE en un portal de internet de Amazon Web Services (AWS), empresa radicada en Seattle, Washington, que comercializa aparatos electrónicos y servicios de plataforma en la nube.
Según la agencia de noticias Notimex, el consejero presidente del INE; Lorenzo Córdova, declaró al Grupo Imagen Multimedia, que la base de datos de ese organismo electoral no fue vulnerada por la filtración del listado nominal de electores.
Ya sabemos en el INE quién filtró ilícitamente la copia del padrón ─advirtió Córdova─, pero no podemos divulgar su identidad para evitar el entorpecimiento de las investigaciones y su secrecía.
A nadie que no sean los partidos políticos ─argumentó el presidente del INE─ se entrega copia de los listados nominales. Cada uno de esos documentos tiene una marca (huella digitalizada) que permite saber los nombres de esas instituciones a quienes se otorgan los referidos listados.
De acuerdo a las declaraciones emitidas por los referidos servidores públicos del INE, se sabe que fue un partido político el que filtró el listado nominal. Sin embargo, mientras la opinión pública no conozca su nombre, la credibilidad del INE estará en duda.
Por la gravedad que conlleva la divulgación de los datos personales de 93.4 de electores, que podrían llegar a manos de la delincuencia organizada y utilizarse en actividades ilegales, el INE, una vez que cuente con las pruebas que el caso requiere, debe proceder a cancelar inmediatamente y con carácter definitivo el registro del partido culpable de la filtración. De igual manera, debe actuar para confiscar los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que posea.
También se debe promover acción penal contra quien o quienes hayan intervenido y ocasionado la filtración del listado nominal.
No es exagerado asegurar que muchos mexicanos, con elementos de juicio fundados y suficientes, consideramos que todos los partidos políticos, sin exceptuar a ninguno, se han convertido en pandillas de rufianes (personas sin honor, perversas, despreciables, según definición del Diccionario de la Real Academia Española) que utilizan los cargos públicos para obtener, conservar e incrementar privilegios obtenidos ilegítimamente y enriquecerse ilícitamente.
Enrique Andrade, presidente de la comisión del Registro Federal de Electores, en entrevista de prensa con Pascal Beltrán, del periódico Excélsior, dijo que el “Consejo General del INE aprobará un acuerdo para ya no entregar en medios magnéticos el padrón a los partidos políticos”
De ser cierta esta afirmación, el INE violaría la fracción 1, del artículo 151 de la LEGIPE que lo obliga a entregar, precisamente, “en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores”.
Por lo que se refiere al TEPJF, este organismo jurisdiccional en materia electoral, por votación mayoritaria de los magistrados, determinó revocar la decisión del INE en el sentido de cancelar el registro de Guillermo Favela y David Monreal a las candidaturas a los gobiernos de Durango y Zacatecas.
Al omitir presentar, ambos precandidatos, en tiempo y forma, sus informes de ingresos y gastos de precampaña, en los términos que establece el artículo 229 de la LEGIPE, el INE, en cumplimiento a lo que mandata con claridad y precisión la ley electoral, negó el registro de sus candidaturas a Favela y Monreal.
Estos señores, se asumieron inmediatamente como víctimas del Instituto Nacional Electoral, argumentando que indebidamente les fue negado su “derecho” a participar como candidatos en las elecciones del 5 de junio.
Mañosamente, pasaron por alto que el derecho a ser candidatos lo adquirían en el momento preciso que cumplieran la obligación que les señala la ley electoral.
El Tribunal Electoral, en vez de respaldar la decisión que, apegada a la ley, tomó el INE, dictaminó que esa determinación fue desproporcionada porque hizo nugatorios los “derechos” de Favela y Monreal a las candidaturas de los gobiernos de Durango y Zacatecas.
No sólo estamos frente a una interpretación errónea y torcida de la LEGIPE, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no lo que es peor, el órgano jurisdiccional, cuya función es cuidar que se cumpla escrupulosa y puntualmente la ley electoral, sienta un precedente nefasto para elecciones futuras, al quebrantar el sistema de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de los candidatos.
Información que en lo sucesivo, en la peculiar lógica del supremo TEPJF, podrá presentarse extemporáneamente y quizá, hasta adulterada, sin riego para ningún candidato.
¡Veremos en las elecciones de 2018, las consecuencias de este veredicto errático del Tribunal Electoral, si no es que se trató de una decisión premeditada¡
¡La torpeza y la maldad caminan tomadas de la mano!