Después de año y medio del trágico evento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que causó el descontento de miles de ciudadanos y de una de las peores crisis del gobierno federal por su incapacidad de dar una respuesta pronta y efectiva ante tal demanda de la sociedad civil, se presenta un nuevo informe por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Poco valieron las posturas y resultados emitidos por las autoridades, en el que se aceptaba el discurso oficial, donde culpaban a las autoridades locales y al crimen organizado de la región por los hechos trágicos.
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Con nuevas evidencias la Procuraduría General de la República (PGR) analizará el informe presentado por el GIEI, en donde se revelaron una serie de inconsistencias y omisiones por parte de la autoridad ministerial y se defiende la tesis de la participación de un quinto camión y con ellos toda una nueva teoría de la tragedia.
Esto después de que el GIEI presentó este domingo su último informe por mandato en el que denuncia una falta de voluntad del Gobierno de México para alcanzar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas, y lanzó una alerta sobre la fracturación del expediente.
Los expertos revelaron que el 28 de octubre de 2014 personal de la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a la zona aledaña al Río San Juan donde se recolectaron pruebas óseas de las cuales se desconoce su destino ya que la inspección de ese día no quedó registrada en el expediente.
El anterior informe detalla diversas irregularidades antes, durante y después de la investigación de diferentes autoridades por la desaparición de los 43 normalistas.
Lo cierto que el informe final pone en “jaque” al informe oficial de las autoridades, que aseguraban que fue una confusión de grupos del crimen organizado, la “verdad histórica” queda relegada a una “verdad oficialista” más, que no hubo un incendio la noche de la desaparición y que los restos no corresponden a todos los implicados.
El asunto fue más allá de lo declarado por el gobierno federal, y hasta Hilary Clinton afirmó que –por si ella fuera- no descansaría hasta encontrar a los 43 estudiantes. Con lo que el asunto sigue en la agenda internacional.
Y todo quedó reducido a las siguientes recomendaciones: disminuir la formalidad y burocracia; limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones; mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones; aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva; rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR; potenciar la capacidad analítica de las pruebas; realizar análisis del contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades; incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos.
Lo que quedó claro con el informe de los expertos, es que este penoso incidente dará todavía mucho de qué hablar en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas, sobre todo por lo que se sigue viviendo en este sentido en nuestro país como consecuencia de la impunidad y la lucha entre grupos de narcotraficantes. La consigna "Ayotzi Vive, la lucha sigue" seguirá escuchándose por más tiempo.