Hace unos días, durante mi recorrido electoral por el Mercado Independencia, un periodista me preguntó qué opinaba acerca de la declaración patrimonial de Blanca Alcalá (en la que señaló que su patrimonio ascendía a 8.3 millones de pesos), a lo que respondí que la misma “me parecía insultante, ya que tan sólo ha pagado 291 pesos por concepto de impuestos en los últimos años”.
He de aclarar, sin embargo, que tal comentario no es sólo válido para la candidata del tricolor sino para la mayoría de la clase política del duopolio PRI-PAN, la cual se ha enriquecido de manera descarada al amparo del poder político: es el caso, por ejemplo, del abanderado del blanquiazul, Tony Gali, cuya fortuna no se realizó precisamente a la sombra de sus actividades como empresario textil sino como funcionario, sobre todo desde que ocupó el cargo de Secretario de Obra Pública del actual gobernador Rafael Moreno Valle.
En este sentido, no solo se debe hacer una declaración del patrimonio de los candiddatos, sino que principlamente se debe informar y explicar el origen de la riqueza que como funcionarioos públicos han obtenido.
Para MORENA, en ese sentido, la lucha contra la corrupción reviste una importancia fundamental para abrirle paso a un nuevo proyecto de país y de Estado. En el documento “Un proyecto alternativo para Puebla”, que resume las líneas estrategias presentadas por MORENA ante el Instituto Electoral, planteamos lo siguiente: “Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos han sido un fracaso. Lo mismo ocurre cuando se observa el fenómeno a nivel sub-nacional. En las entidades federativas de la República las percepciones varían pero no hay estado que muestre buenas calificaciones. De acuerdo al Barometro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (2013) la percepción de la corrupción era en los partidos políticos el 91%, en la policía 90%, en los servidores públicos 87%, en el Poder Legislativo 83%, en el Poder Judicial 80% y en el Ejército 42%”.
Puebla se ubica como la tercera entidad del país con mayor corrupción, sólo por debajo de Chihuahua y Morelos, con una tasa de incidencia de 39 mil 890 personas por cada 100 mil habitantes. La tasa de incidencia de corrupción de este análisis, se elabora tomando en cuenta el número de personas mayores de 18 años que tuvo contacto con algún servidor público, y el número de trámites en los que se registraron casos de corrupción. Por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública que registró un 50.6%, seguido del de permisos relacionados con la propiedad, con un 24.8 por ciento a nivel nacional.
Y presentamos, entre otras, las siguientes propuestas para combatir la corrupción: Introducir en la Constitución Nacional la revocación de mandato para los niveles de gobierno federal, estatal y municipal por actos de corrupción. Que el costo por concepto de los actos de corrupción sea pagado y devuelto por los individuos particulares, funcionarios públicos y empresarios, y el dinero sea aplicado para políticas públicas sociales. Transparencia absoluta en el proceso de licitación de la obra pública y en la elección de los concesionarios de la misma. Reducción de los salarios de los altos funcionarios y de las insultantes prestaciones que se les otorgan.
Desde luego, la transparencia absoluta difícilmente puede convertirse en realidad si no va acompañada de una gran participación social. La experiencia nos muestra que no bastan los avances en dicha materia (la transparencia) si la sociedad civil no sale a la calle a protestar contra la corrupción.
Si algo distingue a las democracias más avanzadas del orbe es precisamente la participación de la gente en lo que se refiere a la exigencia de transparencia y de castigo a los responsables de actos de corrupción. A raíz del escándalo suscitado por los llamados “Panamá Papers”, el primer ministro de Islandia fue obligado a renunciar al día siguiente de que se dieron a conocer dichos documentos. Esto no fue producto de la “gracia del cielo” : en 2008, a raíz de la crisis económica que se desató en esa nación –provocada por la corrupción-- los ciudadanos islandeses se volcaron a las calles, exigiéndole al Estado, de ahí en adelante, una transparencia absoluta. Ello sentó un precedente fundamental, cuyos resultados ya se comenzaron a palpar: a partir de entonces, la sociedad islandesa no está dispuesta a permitir que se repita la experiencia mencionada.
En contraste con lo que sucede en Islandia --y en otras naciones avanzadas el orbe-- en México continuamos inermes frente a la brutal corrupción que impera en los más diversos ámbitos públicos y privados. Ello se debe, reitero, principalmente, a la falta de participación de nuestros conciudadanos.
De ahí que, si el voto popular favorece a Morena, pondremos en marcha todo un cúmulo de iniciativas que con el apoyo total de la sociedad civi, nos permita de una vez por todas, erradicar el cáncer de la corrupción.