“-Cuando yo empleo una palabra –insistió Tentetieso en tono desdeñoso- significa lo que yo quiero que signifique… ¡ni más ni menos!
-La cuestión está en saber –objetó Alicia- si usted puede conseguir que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
Más artículos del autor
-La cuestión está en saber –declaró Tentetieso- quién manda aquí… ¡si ellas o yo!” Lewis Carroll, A través del Espejo.
En carta dirigida a La Jornada de Oriente, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer un dato relevante: “Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio) no es un preso político, como señala esa organización. (…) Además, por denuncias en su contra debido a presuntas actividades de narcomenudeo, en la modalidad de posesión de narcóticos como: cocaína y marihuana, con fines comerciales. La presunción de estos delitos se fundamentan en investigaciones realizadas por el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), organismo especializado en narcomenudeo, coordinado por los 3 órdenes de gobierno…”. Esta misiva fue oportunamente respondida por la 28 de Octubre. Sin embargo, la presencia de este organismo –que actúa de facto- cuya persistente aparición se dio en las averiguaciones previas que se abrieron contra los miembros de la familia Sarabia, con base en llamadas anónimas, que luego quedaron como denuncias sostenidas por policías ministeriales, llama nuestra atención.
Tales averiguaciones, así estructuradas, dieron lugar a la campaña mediática de desprestigio contra Simitrio, sus hijos y el Mercado Hidalgo, acusándolos de participar en supuestas actividades de narcomenudeo. A partir de ellas, se formaron dos procesos que se siguen en su contra: uno ante el Juez Penal de Cholula, otro ante el Juez Tercero de lo Penal. Que oficialmente se reconozca y sostenga que el COE es coordinado “por los 3 órdenes de gobierno” es el dato, relevante y novedoso, que surge ahora en el marco del conflicto social derivado de la represión sistemática –encarcelamientos, persecución, despojo- a que el gobierno local ha sometido, durante más de un año, a dirigentes y militantes de la UPVA 28 de Octubre.
En este espacio hemos puesto especial énfasis en señalar esa forma oscura, tramposa e inmoral de actuación de la autoridad ministerial –para colmo del humor negro llamada “procuración de justicia”- para “integrar”, con base en esas supuestas “llamadas anónimas”, averiguaciones contra estos miembros de la organización. Sobre todo, cuando esta modalidad de actuación de autoridad se convierte en un insistente patrón para la persecución, donde la buena fe de que se encuentra investida la institución, ha cedido su lugar al abuso de poder de sus funcionarios con claros propósitos de atropello ciudadano.
Si la lógica elemental nos conduce a deducir que, por formar parte de la coordinación del COE, la federación es impulsora, por autorizar y tolerar como cómplice estas acciones gubernamentales violatorias de la letra de la ley, de todo principio de derecho y, por ende, ofensivas de los derechos humanos de las personas; entonces, la lucha que libran los ambulantes en Puebla adquiere otra dimensión política y social. Se convierte en uno de los asuntos que, como otros en la república, están definiendo el perfil político de la forma de gobierno actual que, sin haber alcanzado a ser democrática, se encamina irremediablemente a su degeneración en una dictadura de corte cívico-militar.
Los actos de gobierno ya no tienen límite en la ley. El uso perverso de las leyes y su interpretación, están siendo convertidos en instrumentos de justificación de la actuación arbitraria, irrespetuosa del ser humano, autoritaria, que nos ha hecho recordar el pasaje al epígrafe. El lenguaje jurídico con que las autoridades expresan una interpretación de la ley, está poniendo en entredicho la prevalencia de ésta y dando paso a graves excesos de poder por vías ejecutiva y judicial.
Suele atizarse hasta la saciedad, con abiertos propósitos de confusión y engaño, esa dualidad de figuras denominadas división de poderes y ejercicio de gobierno que, siendo en realidad dos planos temáticos distintos de discusión, son entreverados cual si se tratara de uno mismo. Cuando se habla del primero, se hace referencia al tema de la estructura formal del estado como es descrito en el texto constitucional. En cambio, al hablar del segundo, se alude al tema de la acción de gobernar. A las relaciones de poder político entre los seres humanos: entre quienes lo tienen y aquellos que carecen de él, para efectos de conducción de una sociedad. La ley es el parámetro de referencia entre ambos. Gobernar es mandar y dirigir al estado para, con base en ese marco de referencia que da la ley, guiar el destino social.
Dos son los puntos básicos que la sociedad tiene que observar en el ejercicio del poder estatal: el contenido de las leyes y su recta aplicación. Haber descuidado la vigilancia de ellos tiene por resultado la descomposición social que corroe a Puebla y a la república entera. El poder del estado es único y lo ejercen los gobernantes. Los conflictos sociales en los que éstos muestran interés o desdén se convierten, para los gobernados, en asuntos frente al estado. Surge entonces el contraste que deriva de la tenencia de poder. El conflicto social generado por la acción gubernamental que, al margen de la ley y contra todo principio jurídico y ético, se emprendió contra esta organización de ambulantes, marcadamente desde el 2014, proporciona suficientes elementos de juicio para que los poblanos califiquemos el tipo de gobierno y conducción social que tenemos; y cómo, los gobernados, afrontamos una embestida de poder político.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de febrero de 2016
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO