Para la 28 de Octubre y Simitrio el final de 2015 y la llegada de 2016 tienen por único significado, real y efectivo, el cambio del calendario; el paso del tiempo transcurre para ellos de manera lineal resistiendo la oleada de ataques gubernamentales que, bajo el slogan de “aplicación de la ley”, se han perpetrado en su contra. La esperanza para este año –porque la tienen, es mucha y será lo último que puedan perder- está cifrada en el apoyo social que los poblanos le vienen brindando solidariamente convencidos de que, hoy por hoy, la lucha de la UPVA representa el esfuerzo por preservar, no sólo una forma y lugar de trabajo que dignifique a las personas permitiéndoles obtener lícitamente el pan de cada día para ellos y sus familias, sino el derecho a pensar y ser diferentes; a poder disentir pública y abiertamente del manejo gubernamental de los destinos sociales y tener la libertad para poder plantear otros modos más humanos para hacerlo, como tarea que compete a todos por igual. Es defender libertades de pensamiento, reunión, asociación, manifestación y expresión pacíficas. Es derecho de aspirar a un gobierno socialmente incluyente que, por principio, respete los derechos humanos de, y para, todos.
Encerrado en el dormitorio Z, para reos peligrosos, Simitrio acusa visiblemente los efectos de una intencional desatención médica. Un ostensible temblor incontrolable de manos, ojos un tanto enrojecidos, tos que busca contener por el dolor que le causa, caminar lento y hablar pausado con algunos leves momentos de desmemoria, son los síntomas que presenta este hombre de 58 años, haciéndolo parecer más viejo. El hígado, las várices esofágicas, la pérdida de plaquetas y, lo peor, el gobierno poblano decidido a no permitir ni proporcionarle la atención médica integral que requiere, son causantes directos de este deplorable estado que pone en riesgo su vida.
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Cualquier persona puede comprender que un gobierno de derecha sea intolerante con las organizaciones de izquierda que resguardan sus ideales. Pero este afán persecutorio brutal, enfermizo, caprichoso, con que se intenta la destrucción de la 28 de Octubre y la familia Sarabia, no parece tener explicación lógica ni satisfactoria solo en la diferencia ideológica. Me interesé por saber cuál podría ser el origen del encono gubernamental que arriesga, incluso, la credibilidad social de las instituciones con tal de propinarles los golpes físicos y jurídicos que tienen a media familia en prisión y en jaque a la organización.
La respuesta, quizá, esté en una reunión celebrada en el mes de marzo de 2014, en oficinas de gobierno, donde un tal Maldonado Venegas hizo saber, a la familia en pleno, palabras más, menos, lo siguiente: “El señor gobernador considera que es tiempo de un relevo generacional en la 28 de Octubre y que la familia Sarabia deje de ocupar los cargos de dirección; no quiere sumisión ciega pero sí subordinación absoluta. De insistir ustedes en seguir al frente, aténganse a las consecuencias.” Esta versión que pone como antecedente del conflicto una intentona gubernamental por inmiscuirse en asuntos internos de la organización con la finalidad de controlarla políticamente, contrasta con la escueta versión oficial conocida por los poblanos a través de medios de comunicación, que la reduce a problema de “aplicación de la ley” contra personas que la transgreden, sin ofrecer datos para una cabal comprensión del asunto. ¿A quién creerle?
Cabe recordar que la Procuraduría General de Justicia, en comunicado de 11 de agosto pasado, sosteniendo que no se trataba de un preso político, se dijo dispuesta a mostrar los expedientes abiertos contra Simitrio. En respuesta formal, la 28 de Octubre propuso debate social abierto sobre el caso, obteniendo silencio institucional. ¿Qué derecho humano no le ha sido quitado a Simitrio? ¿Los propósitos de gobernar justifican la represión, persecución y encarcelamiento de quienes protestan por las facilidades otorgadas “legalmente” a ciertas empresas para despojar de sus derechos a los poblanos? La sociedad decidirá.
El pasado 04 de diciembre, Alejandro Negrete, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se dirigió a Alejandro Cruz Maya, Directos de Centros de Reinserción Social del Estado, y a Rafael Carvajal Paz, Director del Penal “San Miguel”, a quienes dijo: “…le solicito de la manera más atenta, su colaboración para que, de acuerdo a sus atribuciones y al marco legal aplicable, se realicen las acciones necesarias para que se brinde la atención médica y de esta manera salvaguardar el derecho a la salud e integridad física y psicológica de dichas personas internas…”. La respuesta, de 14 de diciembre, la dio el segundo: “…le informo que se han generado diversas acciones para brindar una adecuada atención médica a los internos Rubén Sarabia Sánchez, Atltonatiuh Sarabia Reyna y Luis Fernando Alonso Rodríguez, habiéndose realizado estudios de especialidad y otros se encuentran en gestión para su realización, contando además con la medicación prescita (sic) por los Médicos tratantes, por lo que se continuará con las acciones pertinentes a fin de brindar la atención médica necesaria a los internos de referencia.” ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Con Xihuel Sarabia trasladado al penal de Tepexi y el Juez Tercero Penal girando, desde el 22 de diciembre, orden de aprehensión contra Rita Amador como presunta responsable del delito de ataques a las vías de comunicación, por una manifestación realizada el 21 de agosto, termina el 2015. La represión político-policiaca no cambia por el simple advenimiento de un nuevo año. La resistencia tampoco.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 3 de enero de 2016.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO