El gobierno mexicano no cesa de criminalizar a quien no comparte su política económica y social y que denuncia sus flagrantes abusos de poder, auspicio de la desigualdad y la pobreza y las constantes violaciones de los derechos humanos. En esta ocasión, el gobierno federal, y de las entidades de Chiapas, Guerrero y el Distrito Federal perpetúan ataques contra los miembros de la OCEZ-FNLS, el 26 de septiembre del presente año en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas, a manos del grupo paramilitar conocido como Los Petules, misma que resultó en el asesinato de Héctor Sántiz López y la lesión grave de Mauricio Gómez Sántiz. Asimismo, hace cinco días, el día 7 de noviembre en la Delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal (DF), un sujeto disparó hiriendo a Matías Flores Hernández, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, integrantes de la mencionada comisión del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Finalmente, el día de ayer, 11 de noviembre, tras el ataque sufrido alrededor de las cinco de la tarde, en las afueras de Tixtla, Guerrero, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, que viajaban en siete autobuses y, de los cuales hay ocho alumnos gravemente heridos.
De nueva cuenta, fuerzas judiciales o extrajudiciales (financiadas por los gobiernos estatales y federales) en diferentes entidades de la república actúan contra las organizaciones populares y de la sociedad civil para acallarlas. La detención de los normalistas, así como las agresiones sufridas en Guerrero, el Distrito Federal y Chiapas, donde hay un deceso, nuevamente hace cuestionar la estrategia del gobierno federal y los gobiernos estatales, así como la jefatura de gobierno del DF, para el manejo y resolución de los conflictos con base en el respeto a los derechos humanos.
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Estas acciones dejan ver la política ambivalente y cobarde de los gobiernos que, por una parte, llaman a dialogar y esclarecer las desapariciones forzadas y los asesinatos, no sólo de los últimos meses, sino de manera histórica en los gobierno priistas. Basta recordar la todavía impune matanza de Acteal, en Chiapas, al igual que la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero y, más recientemente, el asesinato y la desaparición forzada de estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa, en 2014.
En el Distrito Federal, también se encuentra impune el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martin y Alejandra Negrete, el 31 de julio de este año. Asimismo, la inseguridad, personas colgadas de los puentes y las narcomantas amenazando al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, comienzan a ser parte de las noticias de la capital del país. Hay que recordar, que las manifestaciones son reprimidas y las personas que participan en ellas son detenidas de manera selectiva.
Cabría preguntarle al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien tomó posesión de su cargo el 27 de octubre de este año, mismo día que mencionó ¡Nunca más! refiriéndose a las desapariciones forzadas de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa: ¿Su “nunca más” sólo era para la toma de posesión? Catorce días bastaron para que su gobierno volviera a reprimir a estudiantes de esa misma escuela.
Por su parte, Manuel Velasco Coello permanece reprimiendo, con grupos paramilitares, a quien se organice en su entidad y muestran su inconformidad con la política de privatización del estado y de pauperización de los ciudadanos chiapanecos. De este modo se acosan las comunidades a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a quien ha criminalizado y, junto con el gobierno federal, congelaron sus cuentas y son criminalizados.
De este modo, es evidente la persecución de los gobiernos federal y estatales contra quien evidencia las condiciones de vida en que se vive en México: pobreza, hambruna, marginación, violación de los derechos humanos, persecución, criminalización, represión, tortura y asesinatos. Las nuevas agresiones a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y las agresiones al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo son una muestra más del autoritarismo en el que se vive en el país.
Picaporte
Los resultados de las evaluaciones, en materia educativa, además de mostrar el bajo nivel de Sistema Educativo Nacional (SEN), muestran una gran desigualdad en México. No hay que esperar 15 años para mejorar la educación, con su “reforma”. Mientras, ¿qué hacemos con estas generaciones de niñas, niños y adolescentes? Artera la violación a sus derechos humanos.