¡Claro que sí! Para que en todos los países y particularmente en México, exista el Estado de Derecho, es imprescindible que la totalidad de sus habitantes y gobernantes, así como las instituciones públicas y privadas, actúen dentro del marco de la ley. Es decir, que todas las personas que forman una comunidad, sin excepción de ninguna especie, circunscriban su conducta a las normas jurídicas que prevé la legislación de su país.
Corresponde, así, al Estado, la obligación ineludible de hacer cumplir la ley, en todo momento, a todos los individuos que se encuentren dentro de su ámbito jurisdiccional. Y en caso de incumplimiento o transgresión a las normas jurídicas, aplicar las penalizaciones a que haya lugar.
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Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el concepto de Estado de Derecho refiere que “todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a unas leyes… que se han de cumplir por igual y se aplican con independencia…”
Esto quiere decir que en la misma medida que se viole la ley y no se sancione a quien la quebrante, se vulnera el Estado de Derecho. ¡Así de simple y sencillo!
En mi colaboración para el periódico digital e-consulta, publicada el martes 3 de noviembre con el título de ¡Por fin despertó el gobierno de Peña Nieto!, señalé que su gobierno “despertó de su prolongada somnolencia al tomar la determinación de aprehender y encarcelar a cuatro profesores, de los miles de integrantes de la CNTE y CETEG, que han cometido delitos como bloquear los accesos a los aeropuertos de Oaxaca y el Distrito Federal; impedir el tránsito de vehículos en carreteras; cerrar instalaciones de Pemex y de la CFE; tomar radiodifusoras; incendiar edificios públicos y vehículos oficiales; asaltar oficinas públicas, destrozar archivos y robar computadoras; impedir el levantamiento del censo escolar y robar e incendiar boletas electorales; cometer secuestros y robar fondos públicos al apoderarse de las cuotas de peaje en casetas de autopistas, así como robar autobuses de pasajeros y asaltar camiones distribuidores de alimentos”.
Con la finalidad de evitar que hubiere confusiones, interpretaciones erróneas y tergiversaciones dolosas, aclaré ─desde mi punto de vista─ que la detención de los profesores, antes referidos, no significa criminalizar la protesta social.
Toda vez que su aprehensión no se efectuó porque sean militantes de la CNTE, ni tampoco por oponerse a la reforma educativa (cosa que nadie puede impedir que hagan, porque constitucionalmente tienen derecho a hacerlo, con o sin razón) sino porque son presuntos culpables de la comisión de diversos delitos. Y, en consecuencia, tienen que enfrentar un proceso penal.
El mismo día 3 de noviembre, que el periódico digital e-consulta publicó mi artículo ¡Por fin despertó el gobierno de Peña Nieto!, el también periódico digital, Síntesis Tehuacán, publicó un artículo firmado por el señor Bernardo Bátiz Vázquez donde ─haciendo uso de su derecho a expresarse libremente─ protesta por “la detención violenta y encarcelamiento” de los referidos profesores a quienes calificó de “maestros defensores de la educación gratuita, popular y nacionalista”
Nadie en su sano juicio, se atrevería a elevar a la categoría de cuasi héroes nacionales a los profesores encarcelados, como lo hizo el señor Bátiz en su artículo periodístico. Si por algo se han caracterizado los profesores afiliados a la CNTE, es precisamente por todo lo contrario a lo escrito por su apologista.
Si por algo se han dado a conocer pública y específicamente, los ahora encarcelados, es por formar parte activa y destacada de ese numeroso grupo de profesores que han causado daños irreparables, en el importante proceso de enseñanza-aprendizaje, a un millón 300 mil alumnos de educación básica, nada más en el estado de Oaxaca, para no hacer referencia a los casos de Chiapas, Guerrero y Michoacán.
En esta entidad federativa, una de las más golpeadas en México, por el analfabetismo y la ignorancia, los supuestos defensores de la educación, cuando trabajan, a duras penas imparten clases 3 o 4 meses cada ciclo escolar. En 1983, de mayo a septiembre, es decir, durante 5 meses ininterrumpidos, dejaron sin clases a la niñez oaxaqueña. Sin embargo, en un acto que exhibe públicamente su deshonestidad, cobran el sueldo íntegro que han arrancado a los gobiernos que con su conducta contemplativa han servido de cómplices suyos.
Como articulista de un medio informativo, Bernardo Bátiz, únicamente puede hablar y escribir a nombre de él. De nadie más. Sin embargo, en el artículo que reprodujo Síntesis Tehuacán, dice a los presuntos delincuentes-profesores, en representación de no se sabe quiénes, que “podemos… asegurarles que su sacrificio ─cárcel, vejaciones y quizás violencia─ no será en vano”. Esta afirmación, es un claro ejemplo del martirologio que utiliza Bátiz, a la usanza que practica su jefe López Obrador, cuando asegura que le roban las elecciones presidenciales.
En otra parte de su artículo de prensa, el ex procurador de Justicia del Distrito Federal escribió que: Los “plantones, campamentos, marchas y protestas de los maestros, a pesar de la propaganda pagada para denigrarlos, difundida por mercenarios de la comunicación, no ha logrado poner a la gente en su contra…”
Subrayo esta parte del escrito firmado por el ex panista, después perredista y actualmente morenista, Bernardo Bátiz Vázquez, para resaltar su obvio y evidente ADN autócrata y autoritario y su proclividad a hacer apología del delito, no obstante ser abogado.
Al afirmar en el tercer párrafo de su artículo que a pesar de la “propaganda pagada” para denigrar la protesta social de los profesores no se “ha logrado poner a la gente en su contra”, Bátiz demuestra que no tiene el menor conocimiento de lo que ocurre en el país sobre este tema.
En los principales medios informativos electrónicos e impresos ─para no hacer referencia a los de menor importancia─ se han difundido y publicado un sinnúmero de notas donde se expresa la inconformidad de la sociedad por los actos de vandalismo y rapiña que se comenten, hasta ahora impunemente, en perjuicio de la sociedad. De esto, evidentemente, Bátiz jamás tuvo oportunidad de enterarse.
Desde hace más de un año, infinidad de usuarios de las redes sociales han manifestado su inconformidad contra los profesores de la CNTE y han exigido al gobierno que los cesen de su empleo y los encarcelen por los delitos que han cometido. Bátiz tampoco se ha dado cuenta de estas protestas.
El representante jurídico de López Obrador, nunca supo de los enormes daños económicos que causó a la industria turística (hoteles, restaurantes, museos, a la artesanía local, etc.) la toma y ocupación pacífica del zócalo de Oaxaca ─durante más de un año─ por los delincuentes magisteriales que Bátiz califica absurdamente de defensores de la educación pública.
Los perjuicios ocasionados a la economía de ese estado, aunque de mayor magnitud, son comparables a los daños que causó López Obrador a la economía de la ciudad de México, durante los 3 meses que pacíficamente, según él, mantuvo cerrada ilegalmente la avenida Paseo de la Reforma, con el trillado cuento que le robaron la Presidencia de la República.
Sin presentar ninguna prueba documental que demuestre la veracidad de lo que Bátiz escribió en su cuestionada nota periodística (publicada originalmente en el periódico La Jornada) que alguien que forma parte del gobierno del presidente Peña Nieto, paga propaganda difundida por mercenarios de la comunicación para denostar la protesta de la disidencia magisterial.
Bernardo Bátiz está obligado a demostrar su dicho y dar a conocer los nombres y cargos públicos de los funcionarios que, según él, pagan la propaganda gubernamental a que se refirió en su artículo del lunes 2 de noviembre. De igual manera y también con las correspondientes pruebas documentales por delante, Bátiz tiene obligación de publicar, en el espacio que tiene asignado semanalmente en La Jornada, los nombres de los periodistas que califica como mercenarios de la comunicación y el monto del pago que reciben para denigrar a los profesores mártires de la represión peñanietista.
Por ejercer el periodismo crítico y, específicamente, por criticar el desempeño vandálico y delincuencial ─no su derecho constitucional a protestar por todo lo que se les ocurra, con razón o sin ella─ de los profesores afiliados a la CNTE, me considero aludido y afectado por la infundada y no comprobada acusación que hace Bátiz contra los periodistas que no apoyan, como él, la conducta delictiva de quienes bautizó como defensores de la educación gratuita, popular y nacionalista.
Desde 2001, año en que en la ciudad de México, empezó a utilizarse la protesta social como parapeto para cometer actos de vandalismo y rapiña, por convicción ideológica y no por dinero, he sido un severo crítico de quienes la aprovechan para delinquir y de las autoridades gubernamentales que, asumiendo una actitud contemplativa, toleran que se cometan delitos y se quebrante el Estado de Derecho que están obligadas a preservar.
Más que un desliz periodístico cometido al respaldar la conducta presuntamente delictiva de los cuatro profesores ahora encarcelados, es una demostración escrita de la vocación y talante que tiene Bernardo Bátiz para arropar a quienes delinquen al amparo de la protesta social.
Los actos de rapiña y vandalismo político empezaron a cometerse en la ciudad de México en el año 2001, poco tiempo después que López Obrador designó como procurador de Justicia del Distrito Federal al abogado Bernardo Bátiz Vázquez.
El apoyo solidario que con su artículo periodístico otorga, ahora, Bernardo Bátiz a los integrantes de la CNTE, que mal utilizan la protesta social como caparazón para transgredir la ley, no es nuevo. Siendo procurador general de Justicia del Distrito Federal, durante todo el mandato de López Obrador (2000-2006), permitió que infinidad de militantes de otras agrupaciones políticas ─belicosas como la CNTE─ cometieran en la ciudad de México robos y destrozos, libremente, en cuanto establecimiento comercial se les ocurrió. Jamás hubo un detenido y menos un procesado penalmente.
En una marcha conmemorativa del 2 de Octubre de 1968, un grupo de vándalos marchistas, a base de pedradas y garrotazos, dañó una veintena de automóviles nuevos que estaban en la sala de exhibición de una agencia automotriz. La PGJ de Bernardo Bátiz jamás investigó ni detuvo a los atracadores. E l delito de daño en propiedad ajena quedó impune y la empresa se desintegró poco después.
Pero eso no es todo. Bernardo Bátiz, haciendo alarde de su simpatía por los manifestantes que cometen delitos al amparo de la protesta social, permitió que se violara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tolerar manifestaciones donde participaron personas armadas con machetes, que blandían amenazadoramente y afilaban en el pavimento de las calles donde marchaban.
Cuando al entonces presidente Vicente Fox se le fue de las manos el proyecto de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el poblado de San Salvador Atenco, debido a los errores que cometió en su manejo, entre éstos el pretender pagar una irrisoria indemnización a los poseedores de los predios que serían expropiados para llevar a cabo esa importante obra de infraestructura, surgió una fuerte corriente de oposición a ese propósito.
Así aparecieron en las calles de la capital de México, en el año 2002, las marchas violentas de los enmachetados de Atenco. A éstas sobrevinieron y prosiguen otras marchas donde se cometen delitos de diversa naturaleza, donde se destruye el mobiliario urbano, se cometen saqueos y otros delitos, sin que exista autoridad que cumpla su obligación de hacer respetar la ley. A estos delincuentes son a los que Bátiz defiende vehementemente en su artículo periodístico.
En 1958, el maestro Othón Salazar Ramírez, auténtico líder magisterial, honesto y combativo, encabezó un grupo de profesores disidentes que tomaron y ocuparon el edificio central de la SEP, durante más de un mes, en demanda de un incremento salarial que en derecho correspondía y, finalmente, obtuvieron sin dañar a nadie, ni cometer delitos, ni causar perjuicios como ahora ocurre con los integrantes de la CNTE.