Dentro del eje estratégico de este Gobierno denominado México en Paz se plantea la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito de carácter transversal y participativo. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha sido la encargada de darle paso a este programa que hoy conocemos como PRONAPRED.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha elaborado e impulsado un programa con enfoque municipal, que orienta los esfuerzos de las diferentes instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales para corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia, señalando además que los tres órdenes de gobierno alinearán sus presupuestos para hacer de la prevención del delito una prioridad nacional. Este programa opera a través de un subsidio federal que tiene como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. Y hablar de seguridad ciudadana es hablar de la protección de un núcleo básico de derechos que se definen como: i) el desarrollo de la vida; ii) el respeto a la integridad física y material de la persona; y iii) el derecho a tener una vida digna. Si bien es importante esta definición porque permite enfocar las acciones a conceptos concretos, este programa tiene dos elementos que buscan potenciar sus resultados. Por un lado tiene el elemento que ha caracterizado a esta administración del Presidente, Enrique Peña Nieto, y que es el buscar la coordinación a nivel horizontal y vertical a todos los niveles de gobierno lo que, ha permitido que se tenga una relación entre SEDESOL y SEGOB para atender a la población vulnerable para los delitos y la violencia. Al parecer se observa que los lugares de mayor incidencia delictiva son zonas urbanas con alta marginación. Así un frente común donde SEDESOL atiende a través del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) las carencias sociales y la dotación de servicios básicos mientras que, SEGOB apoya a través del programa con acciones para prevenir el delito, parece ser una estrategia que puede potenciar los resultados del PRONAPRED. Se entiende la política social de nueva generación y la prevención del delito como una fórmula para el efectivo ejercicio de derechos donde, ambas secretarias tienen prioridad en el sector juvenil de la población. Y por otro es un programa que toma como base de actuar el territorio, tal como lo ha hecho la Cruzada Nacional Contra el Hambre y que por esto ha sido reconocida de manera internacional. Se ha logrado incidir directamente en sectores específicos de la población con un enfoque territorial para la atención de las comunidades más vulnerables por esto al día de hoy el programa está presente en 73 demarcaciones en las 32 entidades federativas, 94 municipios y 5 delegaciones del DF. El programa toma como base diagnósticos e identifica factores de riesgo, territorios y poblaciones prioritarias y ha logrado atender 3,089 colonias aproximadamente con una inversión cercana a los 2,595 millones de pesos que implican poco más de 5 millones de personas beneficiarias. En un escenario complicado por los obstáculos que la globalización impone en materia económica a los países como el nuestro, es importante destacar que la focalización y la coordinación horizontal y vertical entre los distintos órdenes de gobierno pueden permitir dar resultados si tenemos una visión integral de los problemas. Y el buscar prevenir los delitos a través del PRONAPRED parece que es un ejemplo de las nuevas políticas que en nuestro país se están desarrollando.