Los llamados a fortalecer el diálogo y la cooperación en torno a la Reforma Educativa, formulados ante el pleno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas por Emilio Chuayffet Chemor, encargado del despacho educativo de la presente administración, (Comunicado 168.-llama Chuayffet Chemor a conformar un frente a favor de la reforma educativa, Zacatecas, 26 de junio de 2015.) responden, seguramente, a la desesperación causada por el fracaso en la instrumentación de políticas “modernizadoras” que so pretexto de la persecución de la calidad educativa, denostan y denigran al magisterio nacional bajo el garlito de “enfrentar inercias y privilegios”. La visión que “el secretario” pretende imbuir a los responsables de administrar la educación en las entidades enfrenta, sin embargo, críticas y adversidades manifestadas por actores políticos emanado de diferentes partidos políticos y la oposición de quienes se sienten afectados al cargar con un peso superior a sus fuerzas.
Inercias y privilegios enfatiza Chuayffet Chemor. Habría que particularizar a cuales se refiere; si a las evidenciadas recientemente por las diferencias entre Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando, acicateados por la comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se culpan mutuamente por el empoderamiento de Elba Esther Gordillo Morales al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien fuera impulsada, lo mismo por Hugo Olivares Ventura, priista de pura cepa, vástago del Enrique Olivares Santana, ex Secretario de Gobernación y ex Gobernador de Aguascalientes y por Manuel Camacho Solís, ex Jefe del Departamento del Distrito Federal, ex Secretario de Gobernación de la administración encabezada por Carlos Salinas de Gortari, que por el neo panista Vicente Fox Quesada y Martha Sahagún, amiga y aliada de la “maestra” a raíz de la integración del grupo Santa Fe y por Felipe Calderón Hinojosa, heredero del panismo tradicional y beneficiario del uso de la huestes magisteriales que “mapachearon” la elección que la postre le diera el triunfo en el proceso electoral 2006-2012.
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¿Inercias? Chuayffet podría referirse a las que le permiten nombrar a sus amigos y colaboradores de manera discrecional, separarlos cuando se le placiere y sustituirlos por personeros alejados del perfil que se requiere para llevar a “feliz término” el proceso educativo o a las que le consintieran, en todo caso, que la dependencia a su cargo siga siendo manejada por una burocracia media e intermedia ineficiente, resultados de evaluaciones nacionales e internacionales, o la que autoriza asignar contratos de manera discrecional y amañada (el tan cuestionado caso de la compra de las laptops) argumentando cuestiones baladís, o la que permite que la dependencia se haga cargo del gasto educativo escolar mediante “aportaciones voluntarias” de madres y padres de familia, cuota obligatoria requerida para obtener inscripción en alguna institución de su preferencia, o a la que “sabotea” derechos sindicales del personal docente y de apoyo a los servicios a la educación mediante el contubernio existente entre la Secretaría de Educación Pública, las autoridades laborales y el SNTE, sindicato oficial. Inercias, sí, lo demuestra la designación por parte del poder ejecutivo de; Juan Díaz de la Torre, Elba Esther Gordillo Morales, Carlos Jonguitud Barrios, Eloy Benavides Salinas, Carlos Olmos Sánchez y otros muchos ex secretarios generales del SNTE.
¿Privilegios? Chuayffet podría referirse de manera autocrítica, a los pactos que en lo oscurito permitieron que burócratas de SEP y dirigentes vitalicios de las organizaciones pactaran plazas, asignaciones, sueldos y salarios de quienes “hacían carrera” al amparo de los implicados -al 50 por ciento- en los nombramientos de los favorecidos y que, aparentemente concluirán con las disposiciones plasmadas en la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), pero que en la práctica, se siguen otorgando de manera pactada entre las dependencias y las dirigencias de los sindicatos (por ejemplo, nombrando supervisores escolares a miembros de los comités ejecutivos seccionales), o tal vez, se aludía a conclusión de las aportaciones que el gobierno federal y las administraciones locales entregan a las dirigencias gremiales mediante figuras sofisticadas (fideicomisos) creadas ex profeso y pusiera fin al traspaso de partidas secretas y propiedades que el gobierno entrega al SNTE, a cambio de favores político-electorales y gobernabilidad.
“Que se debe acabar con inercias y privilegios pactados” al amparo del poder, ni duda cabe como tampoco se cuestiona que la SEP debiese “hacer del diálogo y de la cooperación la más importante fortaleza, situación que niega en la práctica”. Que se debiese garantizar la estabilidad en el empleo de maestras y maestros que laboran para el servicio público, sería un punto de partida incuestionable que fortalecería el dialogo con quienes disiente de una medida (Reforma Educativa) a la que califican de laboral y punitiva, que la evaluación debiese ser considerada como la base de un proceso de mejora continua que permitiera el desarrollo integral de instituciones, alumnado, personal docente y del sistema educativo en general, sería deseable, que la capacitación y la actualización del magisterio debiese ser un punto de partida para cualquier proceso de cambio sería básico, que se requiere que las autoridades de cualquier nivel “hagan su chamba” y que se atienda los requerimientos y las necesidades de los planteles escolares (Comunicado SEP 171, Zacatecas 27 de junio), pasa por la suficiencia presupuestal, independientemente del exhorto de Chuayffet Chemor, para que se redefinan las obligaciones de los tres órdenes de gobierno, que deben aprobar los Diputados federales a instancias del anteproyecto de presupuesto que anualmente debe presentar el ejecutivo federal.