Al observar los resultados de las recientes elecciones efectuadas en España, donde dos nuevos partidos se incorporaron al panorama político en competencia con los tradicionales PP y PSOE, logrando ganar varias de las alcaldías más importantes del país, no podemos sino suspirar porque algo semejante pudiese pasar en México.
Y es que los ciudadanos comunes cansados de las sucesivas crisis económicas y políticas acompañadas de evidentes muestras de corrupción de las clases en el poder, incluidos el cuñado y la hermana del rey, se decidieron a lograr el registro de sus partidos y después hacerlos ganar con una importante participación en las urnas, lo que sin duda habrá de empujar al gobierno español a conciliar entre las diferentes fuerzas partidarias y provocar cambios en la conducción del país.
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Esto podría empezar a pasar en México si Jaime Rodríguez llamado el Bronco, candidato independiente por la gubernatura de Nuevo León, lograse ganar en las próximas elecciones provocando un giro de 180 grados en las viejas prácticas de la política mexicana.
Desde luego que aun lográndolo, nos encontraríamos lejos de poder comparar el caso con lo sucedido en España, ya que para los españoles es el resultado de organización ciudadana en un partido político y cuyo origen fue a partir del movimiento de los indignados; mientras que en nuestro país todavía nos queda el grave defecto de seguir el carisma del candidato sin analizar su procedencia e ideología quedando nuevamente expuestos a una nueva aventura foxista.
Pese a todo, resulta ser esperanzador el que un candidato en México pudiese llegar a un elevado cargo público por medio de una candidatura ciudadana; hecho que resultaría ser un aliciente para quienes desean participar activamente fuera del anquilosado sistema de los partidos políticos.
Mientras esto sucede, la lluvia de lodo continúa con enorme intensidad entre los mafiosos de la clase en el poder a través de la filtración de llamadas telefónicas y videos grabados donde, a pesar de la ilegalidad en que fueron realizados, se revelan las perversas intenciones de muchos de quienes buscan un cargo de elección.
Así como nos han acostumbrado a ver como normales las crisis económicas, la inseguridad, el desempleo, el desmadejamiento del tejido social, y cosas parecidas a estas, ahora se nos pretende vender la idea de que no debe ser juzgada la evidente confesión de sus turbios negocios en el ejercicio de un cargo público, sino que habremos de olvidar los delitos cometidos, en aras de guardar la legalidad.
Sigamos pues siendo testigos de extorsiones de periodistas a candidatos, de amenazas de despido a otros servidores si no acceden a cumplir órdenes superiores, de llenar maletas para alguien en especial, de cuotas de 10 millones para “administrar la reputación de ciertos políticos”, de casas blancas, de negocios de empresas transnacionales ofreciendo vacaciones y mil cosas más.