Sus manos reflejan el esfuerzo diario por subsistir de la cosecha de coles y lechugas en la comunidad de San Lorenzo Chiautzingo; Ramón Mozo de la Rosa dice resignado y a su entender que "el campo se derrotó".
Las arrugas enmarcan el rostro fatigado de un hombre de 65 años de edad que sigue tocando puertas gubernamentales en busca de fertilizantes a menor precio.
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Agricultor de nacimiento y por convicción, piensa heredar a sus ocho hijos su único patrimonio; una hectárea que con altibajos produce hortalizas que vende en 5 ó 6 pesos por unidad en el mercado de San Martín Texmelucan.
Hace tiempo dejó de sembrar peras, manzanas y ciruelas porque su costo de producción era muy elevado y sus utilidades casi inexistentes "Por cada caja de ciruela me pagaban hasta 150 pesos pero después me la querían comprar en 30 pesos y por eso cambié", explica.
Ramón deja entrever su descontento con los últimos gobiernos "Hace 30 años era más fácil obtener granos y fertilizantes... Podíamos pagar el abono al terminar la cosecha; ahora ya no me alcanza".
El bulto de fertilizante le cuesta 400 pesos y en cada ciclo agrícola requiere al menos de ocho bolsas. Sus hijos ya casados le ayudan económicamente pero sin una tierra rentable es como un barril sin fondo; nunca habrá ganancias ni mucho menos reinversiones.
Él no sabe de mercados de bolsa ni entiende el efecto de la oferta y demanda pero las matemáticas que aprendió a penas con la primaria concluida, le basta y sobra para hacer cuentas de lo que pagaría de interés por un préstamo gubernamental "Voy a ver si me prestan pero si me cobran diez por ciento de interés no le entro".
Tampoco ha escuchado del concepto agricultura por contrato ni mucho menos podría pagar un seguro contra eventualidades; con los bolsillos semi vacíos confía en la protección divina para que su cosecha no sea objeto de inundaciones ó plagas.
Me compartió que sus bajos ingresos económicos le impidieron comprar una camioneta en su época más productiva y me dice convencido que no es una presunción sino una necesidad transportar sus lechugas al mercado popular, sin pedir favores o pagar renta.
Le pregunto a Ramón si algún candidato ya lo visitó en su comunidad, y responde que han ido al pueblo a pedir el voto pero sin ningún compromiso de que vendrán tiempos mejores para la agricultura del lugar. Es más, refiere que la unión de los pueblos sería más efectiva que las promesas fallidas que surgen en campañas.
También le pregunto si ha escuchado las noticias sobre la lucha de los jornaleros del valle de San Quintín y la sorpresa sería su contestación "Lo que hicieron con ellos durante años es un delito, les pagaban muy poco pero lograron que el gobierno los viera y ahora tendrán que ver a otros también".
Ramón tiene hambre de justicia social, estaría dispuesto a sumarse a algún movimiento político que permitiera a los campesinos tener voz y voto en las decisiones que afectan su ámbito laboral. Él no tiene patrón pero tampoco la posibilidad de pelear un salario de 200 pesos diarios más prestaciones como pretenden los jornaleros en Baja California Sur.
Ramón es una víctima más de las políticas mal aplicadas en el campo mexicano. La pobreza rural fue uno de los detonantes de la Revolución Mexicana y a más de 100 años de ese movimiento social, el sector primario concentra las peores condiciones de explotación laboral, que a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la esclavitud moderna.
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