Excesiva tinta se ha gastado en diversos medios de comunicación donde ciudadanos han denunciado públicamente las repetidas prácticas fraudulentas de notarios públicos en el estado. Grave resulta que las reformas a la ley del notariado impulsadas por el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, representan letra muerta para la Dirección General de Notarias y Registro Público, cuyo titular Gilberto Ramón Navarro Jiménez, ha convertido en un centro de mediación donde básicamente se tutelan los derechos de quien en una constante quebranta la referida norma.
Ciertamente cuando un ciudadano acciona el procedimiento administrativo para sancionar a los notarios, estos en menos de veinticuatro horas conocen de la existencia de una queja en su contra y de los mecanismos necesarios para alterar libros y protocolos, ello porque desde luego, las igualas que se recepcionan en la citada dirección superan cualquier lamento ciudadano, esto sin considerar la marcada relación de los notarios con el poder público aspecto básico que lleva a culminar toda queja en impunidad. La suplantación de persona en fraudulentas operaciones de compra y venta de inmuebles son actos absolutamente consentidos e impulsados por diversos notarios de la capital del estado y en este sentido he de referirme específicamente al verdadero calvario que ha padecido la señora Ubalda Hernández Tlamayo en su pequeño patrimonio que le fue arrebatado con la coparticipación de la Notario Público número tres de San Pedro Cholula, María Emilia Sesma Téllez, quien se da el lujo de omitir cualquier requerimiento de la Dirección de Notarias donde enfrenta el expediente de queja 257/2014. Sin deparar en el cinismo algunos Notarios Públicos comentan que en la actual administración de gobierno lo único que hay que hacer es encontrarse prevenido con la cantidad necesaria para solventar “el entre” que les requieren en la Dirección de Notarias ya que en ocasiones las cantidades resultan excesivas. Acorde a lo que cito y atendiendo a la impunidad que priva en la citada dependencia muchos ciudadanos entre ellos, Alfonso Aguirre, han optado por ocurrir a la Procuraduría General de Justicia para denunciar conductas delictivas como la que este ciudadano le atribuye al notario público número 12 Cesar Martínez Solano, quien expidiera copia debidamente certificada de una escritura pública que en los protocolos de sus libros se lee “No Paso”, no obstante lo cual dicha copia certificada fue utilizada y convalidad en el juzgado séptimo de lo civil para lograr atraves de fraudulento juicio desposeer a su legítimo propietario. Algo que no acontecía en la notarias públicas era la existencia de corredores o sedicentes abogados que hoy asumen conductas de gestores, personajes estos sobre los cuales los señores notarios no asumen responsabilidad pero que sin embargo forman parte de la planilla laboral en notarias del estado, incluso se llega a ver a estos gestores con sellos y membretes de algunas notarias en locales adyacentes que deben de ser objeto incluso de cateo, pues en estos lugares se oculta documentación apócrifa siendo el caso específico de una supuesta notaria publica localizada a espaldas de la presidencia auxiliar de San Baltazar Campeche, desde donde despacha un abogado de apellido Cracciolo realizando actuaciones del notario público número 54, ubicado este oficialmente en la avenida 16 de septiembre en la colonia Bugambilias, pero que también ejerce con una sucursal. Concluyo si las reformas a la ley del notariado fueron simples medios temerarios encaminados a coaccionar y extorsionar a los notarios públicos del estado se traduce pues este actuar reformista en otro acto de extorsión y/o chantaje.
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