Por tercer año el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) evaluó el desempeño del Congreso del Estado Puebla. La LVIII legislatura (2011-2013) obtuvo una calificación reprobable, 4.2 puntos de 10 posibles. Entre sus principales proezas destaca la “anticonstitucionalidad” de leyes en materia de endeudamiento público. La LVIII legislatura se caracterizó, para empezar, por lograr la alternancia política en el Estado, sin embargo esto no significó un avance en términos legislativos o democráticos, en realidad se caracterizó por su pasividad y subordinación al Poder Ejecutivo, o sea a Rafael Moreno Valle, rompiendo con toda idea de división de poderes, contrapesos y diálogo político. De nada sirve un Congreso si sólo va a actuar como el Gobernador le pide, un congreso así es solo una formalidad política y electoral.
Desde las elecciones del 4 de julio de 2010 en Puebla se notaban grandes contradicciones para el futuro democrático del Estado. Una alianza sin ideología pero con hambre de poder compuesta por el PAN, PRD, Convergencia y PANAL ganaría la gubernatura del estado, con una estrategia basada en la coyuntura desfavorable para el PRI a causa del déspota gobernador Mario Marín. Los resultados fueron los esperados, la alianza de la oposición ganó la gubernatura con Moreno Valle y de paquete otras 14 diputaciones locales.
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Después de las elecciones, que debieron significar el triunfo de la democracia, la cortina de humo se disipó para mostrar el verdadero carácter del gobierno poblano y “su” Congreso. Grandes abusos a los derechos humanos, presos políticos, ruptura entre la sociedad y el gobierno, casos de corrupción documentados los cuales no han tenido respuesta, leyes inconstitucionales y una campaña presidencial construida a base de concreto hidráulico –me refiero a los miles distribuidores viales-. Por lo tanto, lo que muchos vieron como una oportunidad para consolidar la democracia en Puebla en realidad significó la construcción de un sistema dictatorial regional.
Como prueba se encuentra el estudio realizado por el CEEY donde se evalúa el desempeño del a LVIII legislatura que se mantuvo en el congreso entre 2010 y 2013. Se analizaron: Las Facultades de Control y Vigilancia, Facultad Legislativa y la Facultad Representativa como parte del Desempeño Institucional; por otra parte se evaluó la Justicia social, Transparencia y Protección de Datos Personales, y Rendición de cuentas como parte de la Evaluación Legislativa. Los resultados del índice generado por el CEEY dieron como calificación 4.2 de los 10 puntos posibles, calificación que aparte de reprobar al Congreso, también aclara su rol en el Sistema de Gobierno Poblano.
El documento del CEEY explica que existe un retroceso importante en lo relativo a rendición de cuentas y transparencia, los cuales son valores fundamentales de la democracia. Tal parece que el Congreso ha tomado como práctica recurrente el esconder y negar las actas de Comisiones y Comités, sin importarles que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla se los ordene y sin entender que la información generada por trabajadores del Estado es de todos. Entonces tuvimos en Puebla un Congreso que se confundió para quien trabajaba, si la gente vota por ellos, entonces pertenecen a la gente.
Fuente: Evaluación de Desempeño sobre el Tercer Año de Sesiones de la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla, CEEY 2014
¿Ustedes creen que las cosas siguen igual con la actual legislatura? –A mí no me cabe la menor duda-
Alan Betancourt Torres