Es una realidad que el uso que se hace del suelo está causando cambios sin precedentes en los paisajes, los ecosistemas y el medio ambiente, en Puebla, México y el mundo.
Es una tendencia irreversible y de enorme velocidad que se da por cuestiones demográficas y por el desarrollo económico.
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Las áreas urbanas y sus infraestructuras son los consumidores de suelo con un crecimiento más rápido, generalmente a expensas de la tierra de producción agrícola, sobre todo en las áreas periféricas de las grandes ciudades.
Este fenómeno lo estamos viviendo por igual en Puebla capital que en municipios conurbados, ciudades medias y también en localidades que tienen un potencial económico, generalmente por el surgimiento de nuevos proyectos industriales.
Por ello, el paisaje rural está cambiando debido a la modernización de la agricultura, el abandono de las tierras y la explotación forestal.
Estamos, pues, ante la enorme necesidad de regular el suelo para que se garanticen espacios de esparcimiento para los niños y sus familias, áreas verdes que sean pulmones de las comunidades y zonas de desarrollo comercial e industrial con los servicios adecuados para su óptimo funcionamiento.
En la legislación local se faculta a los municipios precisamente para que éstos sean quienes determinen le uso del suelo, otorguen los permisos correspondientes de acuerdo a la utilidad y sancionen en caso de violación de las normas en la materia.
Sin embargo, en el caso del estado de Puebla, las leyes consideran que esta facultad por parte de los municipios sea hasta cierto punto discrecional, cuando la tendencia es que la planeación urbana y ambiental es cada vez más compleja y debe estar supeditada a planes de desarrollo para lograr así condiciones de desarrollo urbano con viabilidad a futuro y sustentabilidad.
De ahí la necesidad de modificar la Ley Orgánica Municipal en el apartado de atribuciones de los ayuntamientos para que puedan intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación existente y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios.
Es decir, se trata de que las autoridades municipales sigan siendo las únicas facultadas para otorgar los permisos de uso de suelo, pero siempre conforme a los planes y programas de desarrollo urbano, ajustando de esta manera los permisos a un marco regulatorio que permita garantizar el cuidado al medio ambiente y mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos.
Por eso, el lunes pasado presenté ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, a fin de que en consenso con las otras fuerzas políticas se pueda dar un gran paso para seguir fortaleciendo los planes municipales y estatales.
No podemos y no debemos olvidar que las leyes, las regulaciones y el ejercicio de la autoridad tienen como fin superior darle orden y mayores posibilidades de convivencia a los habitantes de las comunidades y de las ciudades, donde la gente requiere que se le garantice la movilidad para ir a la escuela o el trabajo, la adquisición de viviendas con servicios y con áreas verdes, y la oportunidad de emprender en condiciones óptimas.
El objetivo primordial es seguir avanzando de manera firme y sostenida en un marco legal que nos permita como ciudadanos vivir en prosperidad y con la certeza que podemos heredar a las futuras generaciones un entorno adecuado y sano.