Maestros
Tengo varias reflexiones sobre temas educativos que quisiera compartirte Gracia, sin embargo el espacio de la carta que te escribo cada 8 días es limitado y por ello debo ser concreto. Empero a pesar de lo específico que quisiera ser, dos temas resaltan sobre otros, uno relacionado con el informe de resultados que rindiese el Auditor Superior de Federación y otro, con la postura que adoptase recientemente Emilio Chuayffet Chemor, encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto. Te comento que las dos semanas previas han sido ricas en temas noticiosos vinculados al ejercicio de los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por los transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) que tú señalas. De las primeras destacan críticas a la opacidad que rodeara a la compra de laptops, “caras y malas” y una “supuesta” simulación que ciñera a contratos asignados directamente tanto a la Universidad Autónoma del Estado de México y como al Instituto Nacional de Administración Pública y a los resultados producto de 63 auditorías efectuadas al FAEB. De las segundas resaltan detracciones que emitiera Chuayffet a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y al gobierno del estado de Oaxaca, por promociones –ascensos- realizadas a favor de trabajadores que asistiesen a eventos de “resistencia civil”, realizados al margen de lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente y a ellas me referiré en los párrafos siguientes.
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Señala Chuayffet Chemor que “En el cumplimiento de la ley no seremos rehenes de pretensiones particulares ni de quienes se opongan al cambio”, que “La Reforma Educativa no es negociable y no admite excepciones,” (Comunicado -SEP- 046.- La Reforma Educativa no es negociable ni admite excepciones: Chuayffet Chemor, http://goo.gl/MxyqLt) en abierta crítica a los acuerdos que con la Secretaría de Gobernación, alcanzan trabajadores y trabajadoras de la educación de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, afiliados a la CNTE. Que, acota, requiere de modificaciones legislativas para intervenir directamente cuando en alguna entidad se interrumpiese el servicio educativo en “detrimento”, vocablo personal, de la niñez mexicana. Alude a “las limitaciones” que se derivarían del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), instrumento de política educativa publicado formalmente el 18 de mayo de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y signado por Carlos Salinas de Gortari. “El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en calidad de “Testigo de honor”, por Elba Esther Gordillo Morales, en ese momento Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de Educación Pública y los gobernadores de los Estados Libres y Soberanos entre los que destacaría, por estar vigente, Manlio F. Beltrones Rivera entonces Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, mediante el que se transfirieron recursos financieros, físicos, humanos, administrativos, de la federación a las entidades y por el que las administraciones locales adquiriesen el papel de “Patronos sustitutos”, conservando la federación la función normativa y el monopolio de planes y programas de estudio de los niveles de Educación Básica y Normal.
El incumplimiento en la transferencia de recursos financieros de manera “creciente” pactado en el Acuerdo, que permitiese cumplir con los compromisos financieros derivados de la doble negociación Gracia, originada de manera central, mereció que varios gobiernos locales, entre ellos el de Oaxaca y Tlaxcala, amagaran con finiquitar el AMEB, cuestión que en los hechos comparte Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública,
Cuestión que permitiría preguntar a Constitucionalistas, si valdría la pena, en quebranto de quienes suscribiesen en su momento el pacto federal, que se emitiesen leyes de excepción que permitan una intervención central cuando a juicio de una autoridad educativa, se violentase el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes para recibir una educación de calidad. ¿No valdría la pena que antes avanzar en procesos autócratas, cancelaran un acuerdo que ya no tiene satisfechos a ninguno de los suscriptores incluidos SNTE, gobiernos de los estados y autoridades de la federación?
La cancelación del Acuerdo Nacional permitiría, a más del proceso de recentralización de los procesos de nómina mediante el establecimiento del “Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)”, que el gobierno federal asumiera directamente la contratación, la permanencia, el reconocimiento y la promoción del personal docente de origen federalizado y transferido a los gobiernos de la entidades en 1992, personal que a juicio de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, se encuentra, formalmente a cargo de las autoridades educativas locales, que recuperase los edificios transferidos y la administración de los procesos educativos.
Desde mi muy particular punto de vista Gracia, es fácil culpar de incumplimiento de obligaciones derivadas de una Reforma educativa a los gobiernos de las entidades cuestionadas, cuando uno administra el dinero, el gobierno federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y los otros, los gobiernos locales, tienen que administrar los conflictos. Cuando se cuestiona el pago a los comisionados sindicales de origen federalizado, transferidos en 1992, y los vicios, como dobles y triples plazas, derivados de la falta de coordinación entre la federación y las administraciones locales anteriores a 1992, cuando se ignora que desde 1982 se prohibía la contratación de personal administrativo y de servicios de apoyo a la educación y se tenía, aún en la federación, que recurrir a personal docente para cubrir necesidades administrativas -personal comisionado-.