Si la administración estatal actual en Puebla apostó a que el desempeño ambiental sería una variable menor, de las que se gestionan y justifican con simples artificios verbales ocasionales, ya se habrá dado cuenta que el costoso juego lo tiene perdido. El problema ambiental del estado es una seria realidad que poco a poco está dejando ver su compleja estructura, su complicado horizonte de abordaje y la magnitud de sus costos de recuperación.
El desconocimiento y desinterés del titular del poder ejecutivo en el tema, la improvisación de aprendices a altos funcionarios en la Dependencia ambiental, la desaparición de las estructuras formales del medio ambiente y del agua, el drástico recorte presupuestal al gasto corriente del área, así como la carencia de una plataforma de información sobre la situación ambiental del estado y las implicaciones que ello conlleva sobre las condiciones de bienestar de la población, han sido precursores de fallidas decisiones que se han materializado en el desperdicio de cuantiosos recursos presupuestales, así como del avance en el deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales por todo el territorio poblano.
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Los hechos que confirman la hipótesis anterior, son muchos. Por ejemplo tenemos los casi 500 millones de pesos que se asignaron al “rescate” del río Atoyac, cuyos alcances nunca consideraron reducir la contaminación del afluente; es decir, la calidad del agua permanece sin cambio a tres años del gasto, aunque los retoques estéticos permitan a los poblanos caminar unos centenares de metros en la ribera, con la condición que no toquen el agua.
Siguiendo con el tema, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad capital, al inicio de la administración estatal, fueron objeto de una de las acostumbradas maniobras jurídicas del gobierno estatal para desplazar a los operadores [Tapsa-Degremont] de estas instalaciones. Ya logrado el objetivo jurídico y operativo, en esta fecha ninguna de las cuatro plantas de tratamiento que descargan directamente al Atoyac, cumple con los parámetros de eficiencia esperada, como lo ha declarado recientemente la CNA; es decir, el río Atoyac agrava sus índices de contaminación con descargas procedentes de estas instalaciones bajo la responsabilidad estatal y/o su concesionario. Los niveles de eficiencia de la quinta planta, ubicada en el Parque Ecológico, no están al alcance del público. Los efectos nocivos de este gran escenario no han sido cuantificados, ni medidas precautorias en este sentido han sido sugeridas a la población.
Por cierto, tampoco se conoce la relación costo-eficiencia en la operación de las tres plantas potabilizadoras de agua en operación, ubicadas en San Felipe Hueyotlipan, Quetzalcóatl y Viveros.
En el tema de la operación de los servicios de agua y saneamiento en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, el concesionarlos además de demostrar descaradamente la incapacidad del gobierno para desempeñar las funciones de administración, ha resultado un ardid gubernamental que no garantiza el suministro en volumen y calidad del recurso; es decir, la ciudadanía no se ve beneficiada por la operación privada del servicio, sino sometida llanamente al ejercicio de maniobras que aseguran ganancias financieras a un particular, basadas en una ley estatal del agua previamente arreglada por los voluntariamente vejados diputados locales, que las validan.
El tema de los centros de verificación de las emisiones de los automóviles, representa uno de los actos de gobierno más soeces contra los ciudadanos, visto desde varias plataformas de observación. Independientemente de las arbitrarias formas de las que el gobierno estatal se valió para cancelar las instalaciones de los verificentros que venían aplicando la normatividad oficial vigente y de haber dejado sin oportunidades de trabajo a cientos de poblanos; la decisión de incorporar improvisadamente nuevos concesionarios trajo como consecuencia que los autos poblanos no se verificaran por más de seis meses, al carecer de centros de verificación.
En todo este proceso, el gobierno del estado no ha permitido que la ciudadanía poblana conozca la calidad del aire en la ZMCP, para justificar las premuras gubernamentales por la verificación vehicular que unilateralmente interrumpió por medio año para dar lugar al nuevo negocio. No hay manera de conocer la calidad del aire en Puebla, pero no estoy seguro que sea una situación muy grave, si se toma en cuenta que se cuentan por miles los vehículos del servicio público de pasajeros que no tienen necesidad de verificar sus emisiones, a pesar de que transitan por más tiempo al día que los particulares.
Tampoco el gobierno del estado ha difundido ninguna certificación oficial [de la SEMARNAT o de algún organismo certificador aprobado] sobre la eficiencia de los equipos de medición empleados en los nuevos centros de verificación, seguramente es un olvido que comparte con la PROFECO. ¿Cómo saber si esos equipos realmente miden con precisión lo que dicen medir y no están timando a medio mundo? Los consumidores deberíamos saberlo.
Adicionalmente y a pesar de que es responsabilidad del gobierno del estado asegurar las condiciones para que los propietarios de vehículos puedan cumplir con la normatividad, resulta que son ahora los contribuyentes quienes deben literalmente pagar las consecuencias por la improvisación e ineficiencia de los concesionarios amalgamados con el gobierno estatal. El importe potencial de las multas alcanza varios cientos de millones de pesos de los bolsillos poblanos.
Por si fuera poco, tenemos por ahí los miles de millones de pesos que están costando las desilusionantes líneas de metrobús que lejos de reducir la emisión de contaminantes por el supuesto retiro de la circulación de unidades automotoras [como sería su objetivo], incrementan la polución porque las mismas unidades de transporte público de pasajeros continúan circulando en calles paralelas, provocando congestionamientos, más gasto de combustible, más emisiones a la atmósfera, incremento de ruido donde no había y reducción en la velocidad de desplazamiento vehicular alrededor de la ruta del metrobús. De esto se dio cuenta el Banco Mundial con la primera línea y por ello desistió financiar la segunda, que se tuvo que parchar con diferentes esquemas de financiamiento y construcción.
Ahí están las decenas de inversiones detenidas porque no se han emitido los resolutivos de autorización de impacto ambiental que están desde hace meses sobre el escritorio del titular de la Dependencia ambiental, que además han propiciado actos generalizados de corrupción al interior; los impactos socio-ambientales ocultos en el proyecto de la armadora en San José Chiapa; la indiferencia ante la demanda de protección de los poblanos afectados por los denominados proyectos de muerte; las afectaciones ambientales irreversibles por trabajos de Pemex; el olvido y deterioro de las instalaciones del parque estatal Flor del Bosque; y . . . falta espacio para citar todas.
Las omisiones y las malas decisiones del gobierno estatal en materia ambiental, se traducen en daño financiero a la administración pública que compromete el futuro de las administraciones por venir, facilita el avance del deterioro ambiental con todas sus consecuencias y menoscaba las condiciones de bienestar de todos los poblanos. Así de simple, así de grave.