Luego de varios años de un crecimiento alarmante en los indicadores de pobreza en México, por razones demográficas, de políticas públicas mal aplicadas y de crisis económicas que alentaron la desigualdad, era urgente e indispensable darle un golpe de timón a la política social del país.
Sólo para contextualizar es necesario señalar que en 2010, según datos de diversos organismos dedicados a la evaluación de indicadores de pobreza, al menos 50.6 millones de mexicanos no les alcanzaban sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a esos fines.
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Más aún, el 18.2% de la población sufría carencias alimentarias -casi veinte millones-, de los cuales 7.2 millones habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones pertenecían a zonas rurales.
Con estos saldos, el Gobierno de la República puso en marcha hace dos años una serie de políticas públicas en materia social con un gran eje articulador como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuya finalidad es simple pero al mismo tiempo significa un reto enorme: procurar condiciones de apoyo, de asistencia y de bienestar para quienes menos tienen, para quienes carecen de lo básico, y busca asegurar para ellos mejores condiciones a futuro.
El éxito de esta política social se ha sustentado en dos premisas, primeramente va directo a atender la alimentación en aquellos grupos sociales de mayor marginación y, en segundo término, la introducción de servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y drenaje, en muchas comunidades que, por estar apartadas, carecen con estos servicios elementales.
Uno de los resultados más significativos a dos años de su implementación es que hoy 4.2 millones de mexicanos que se encontraban en una condición de pobreza, ya tienen acceso diariamente a la alimentación, como es objetivo primordial de la Cruzada contra el Hambre.
Así, de inmediato, podría parecer que se trata de una política asistencialista que no saca de la adversidad a las personas, sin embargo, la estrategia encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto tiene varias vertientes como es el Programa de Proyectos Productivos, con lo que de manera inmediata se ataca el rezago en alimentación, pero al mismo tiempo se desarrollan opciones para garantizar un modo de vida más digno para las familias.
Y en este esfuerzo se han volcado las instituciones del país para hacerle frente al rezago de la última década, pues incluso el Ejército Mexicano se incorporó a un programa denominado Comedores Comunitarios, con lo que en todo el país, son ya más de cinco mil comedores que dan alimentación a más de 600 mil personas todos los días.
En este ejercicio de corresponsabilidad resulta fundamental la coordinación de los tres niveles de gobierno, que los estados hagan su parte, que los municipios se sumen de manera decidida y como parte de un solo engranaje, a fin de que los avances sean sostenidos y de largo plazo. De otra manera, abatir el rezago será una tarea de muchos más años.
Lo cierto es que hoy, sin echar las campanas al vuelo, los resultados son evidentes, por fin existe una estrategia frontal para enfrentar la pobreza, entrelazando los programas que ya operaban pero que lo hacían desarticulados y creando nuevos esquemas focalizados a donde más se necesita.
La ruta es clara con un propósito firme y permanente para que las familias mexicanas tengan mejores condiciones y calidad de vida, en este nuevo proyecto de Nación que a todas luces se ve con rumbo claro y decidido.
A dos años, los resultados son evidentes.