En estos momentos siete de cada 10 habitantes de nuestro país viven en zonas urbanas, particularmente en concentraciones poblacionales que difícilmente pueden determinar físicamente su pertenencia a uno o a otro municipio.
Actualmente la proporción de población urbana del país es de alrededor de 72.6% de acuerdo al Consejo Nacional de Población con datos de 2010 y de acuerdo con sus propias estimaciones este porcentaje crecerá a casi 75% en 2050. Más aún, el empleo registra una concentración urbana de 78% y el Producto Interno Bruto PIB urbano alcanza 96.3% (CEPAL, 2006).
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Es decir, vamos en una carrera sin freno hacia la consolidación de zonas metropolitanas como un fenómeno irreversible, al menos en el corto y mediano plazo, que demanda atención profunda y una regulación que permita generar condiciones de bienestar para los ciudadanos.
La gran mancha urbana de Puebla es un ejemplo de ello, tenemos 18 municipios poblanos y 20 del estado vecino de Tlaxcala integrando una de las zonas metropolitanas más grandes del país, solo por debajo de la Ciudad de México, Guadalajara-Zapopan y Monterrey.
Ello conlleva a enormes retos en diferentes rubros como la ecología, vialidades, reforestación, abasto de agua, límites territoriales, desarrollo económico, transporte, seguridad pública, movilidad social y regulación urbana, entre muchos otros aspectos.
El reto es para los tres niveles de gobierno; el municipal, que está obligado a tener una visión global de su problemática inmediata y urgente; el estatal, cuyas políticas públicas deben ser de carácter regional y con una estrategia de planeación coordinada; y el federal, que necesariamente tiene que orientar sus políticas públicas a la nueva realidad que vive el país en cuanto al desarrollo urbano.
Por otra parte, las legislaturas locales y federal, tienen el enorme reto para entrar en una nueva dinámica que contribuya a engranar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, consolidando así una nueva legislación que entienda lo metropolitano y coadyuve a atender la enorme problemática que implica este proceso de conurbación, hasta el día de hoy desordenado y en muchas ocasiones sin leyes claras.
En este sentido, es importante la reflexión ¿qué tanto hemos avanzado en definir políticas públicas que atiendan los problemas que trae consigo este fenómeno? Y más aún, si ¿es suficiente y adecuada la legislación existente para regular estos enormes conglomerados humanos? ¿Qué tanto hemos hecho al respecto?
Resulta fundamental abrir una agenda que involucre a todos los actores políticos, grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanos interesados para discutir los temas, retomar propuestas, revisar avances en la materia y así comenzar a construir una nueva estrategia de desarrollo urbano en la que el tema metropolitano no sea únicamente un agregado, sino el eje central que nos permita alcanzar el desarrollo sustentable.
No podemos perder de vista que la agenda del Gobierno de la República tiene ya como prioridad el tema, que los gobiernos estatal y municipal han planteado el interés por coordinar esfuerzos y optimizar recursos en una estrategia única.
Se puede, si hay voluntad política y una visión de estado. Se beneficiará a la población en lo inmediato, pero sobre todo prevalecerá a largo plazo.