Abusos sexuales, abandono, mendicidad, hambruna, migración, tratos crueles, víctimas de conflictos sociales, entre otros agravios son inaceptables en una sociedad moderna que deposita en las nuevas generaciones esperanzas de una mejor vida.
Ningún niño (a) violentado puede aspirar a un futuro prometedor si su entorno está plagado de conductas indebidas que ponen en riesgo su crecimiento físico, mental y emocional.
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Es imposible pedir a un menor de edad que al crecer asuma una actitud responsable si en su periodo de mayor fragilidad le roban su seguridad, autoestima y dignidad.
Aún no termino de entender cómo en una pocilga podían 'sobrevivir' 500 niños, niñas y adolescentes recluidos en el albergue de "La Gran Familia" en Zamora, Michoacán. El nombre del sitio es tan denigrante como las condiciones ahí encontradas, que ninguno de nosotros podría soportar ni medio día.
No comprendo cómo pueden funcionar albergues o fundaciones que aprovechando los vacíos legales lucran con la integridad de un menor de edad.
No cabe duda que México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia.
¿Quién se encarga de garantizar que los albergues infantiles cumplan las condiciones mínimas de bienestar para los menores?
¿Qué autoridad es responsable de revisar los antecedentes y la conducta de los encargados de administrar y laborar en estos refugios?
¿Cómo es posible que los niños de la calle o abandonados permanezcan expuestos a grandes peligros, como la desaparición, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de órganos y NO PASA NADA?
¿Qué van hacer autoridades y legisladores para evitar que aparezcan otros cientos de niños creciendo en medio de comida y colchones podridos, hacinados; y peor aún sean sometidos a la violencia sexual?
¿Se van a quedar de brazos cruzados frente a que otros menores vivan amenazados de muerte, encerrados en jaulas como animales, explotados en las esquinas y golpeados brutalmente?
¿Es normal que once niños permanezcan en calidad de desaparecidos tras develarse que en el albergue Casitas del Sur eran vendidos como mercancía?
¿Hay que resignarnos a que aparezcan otras casas hogar como Domingo Savio, donde oficialmente solo hubo tres menores de edad víctimas de abuso sexual?
O inclusive ¿Sólo es lamentable la muerte de un niño de 13 años ajeno al conflicto Chalchihuapan? ¿Cabe la impunidad en un caso de absoluta gravedad?
Ya es hora de que los responsables en conducir los destinos de este país muestren interés en salvaguardar los derechos de la infancia (sobre todo de los más pobres, huérfanos ó abandonados).
Los niños necesitan vivir en un ambiente de armonía, atención, cariño familiar y respeto; recibir buena alimentación, educación, servicios médicos de calidad, protección legal y acceso a la justicia. Estos derechos consagrados en la ley se pulverizan cuando en la realidad, cientos de menores son víctimas de abusos, vejaciones e impunidad.
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