Con 340 votos a favor, una abstención y 129 en contra la Cámara de Diputados aprobó la reforma en telecomunicaciones que el pasado sábado envió el Senado de la República.
Las implicaciones de esta nueva legislación son de gran importancia para nuestro país ya que, por la experiencia de otros países, este sector es uno de los insumos más importantes para impulsar la competitividad e innovación a través de lo que se conoce como las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s).
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Eliminación de tarifas de larga distancia en telefonía fija y de rooming en dispositivos móviles; consulta de saldo gratuita; compensaciones por fallas de las compañías a los usuarios; obligación a otorgar la portabilidad numérica en menos de 24 horas a usuarios; no más plazos forzosos en planes de renta; dos nuevos cadenas de televisión abierta; eliminación de privilegios a empresas preponderantes en televisión; arrendamiento de infraestructura de Televisa a los nuevos canales; apertura de oferta de televisión de paga; etc., son algunos de los beneficios que la sociedad mexicana tendrá una vez que entre en vigor la nueva legislatura.
Y si bien, estos logros de la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto son importantes, debemos resaltar dos hechos que tendrán una incidencia en los derechos constitucionales de todos los mexicanos. Primero, el garantizar el acceso a la banda ancha y al internet en todo el país refuerza la política de inclusión digital del gobierno de la república, que pretende acabar con la brecha de acceso a TIC´s en nuestro país donde, de acuerdo al INEGI, hasta 2012 sólo cerca del 20% de la población tiene internet en sus hogares y poco menos del 40% tiene acceso al servicio dentro o fuera de su casa.
Así, se espera que con estos cambios se tengan un 70% de los hogares y al menos un 85% de las pequeñas y medianas empresas con acceso no sólo a internet, sino con una velocidad de descarga de datos promedio a la registrada en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Y segundo, al hacer obligatorio que las televisoras emitan sus noticiarios principales con subtítulos en distintos idiomas y con lenguaje de señas, se propone un país incluyente donde todos nos observamos como iguales.
No tenemos duda que esta es una reforma con visión social donde, como ha sido hasta ahora el actuar del gobierno federal, se busca impulsar la competitividad productiva y la equidad en los derechos de los mexicanos, ambas piezas claves de un crecimiento que ofrezca igualdad de oportunidades a todos.