-La estructura de la legitimidad de origen-
La historia de la humanidad, puede decirse, en cierto sentido, es la historia de la formación, el desarrollo y la caída de los imperios, es decir, del acceso a los poderes públicos y de su apropiación. Las justificaciones de dicho acceso ha ido variando, desde las luchas por las libertades hasta el derecho divino de los reyes, y desde éste hasta la soberanía popular y la actual democracia. En todo este proceso y evolución históricos subyace una convicción latente: el acceso debe estar legitimado. Y actualmente la fuente de la legitimación es la voluntad popular manifestada, sobre todo, en las urnas, esto es, en elecciones pacíficas y periódicas.
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Otra cosa, que también pide legitimación en el ejercicio mismo, es la de legitimar el uso del poder en la medida del beneficio, del bienestar y del desarrollo político, económico, social, cultural y humano de los miembros de esa sociedad cuya voluntad se ha manifestado en las urnas. Pero esta legitimidad es distinta porque su fuente y su naturaleza, si bien parten de la voluntad popular, se mide no ya en las urnas sino en las arcas: el uso del dinero público, su distribución y, sobre todo, sus efectos en los ciudadanos y en sus vidas.
Las cuestiones electorales y los organismos que tienen la tarea de operar la maquinaria tienen esa delicada tarea de mantener, nutrir y fortalecer la legitimidad de origen a los cargos de elección popular, desde la promoción de la cultura cívica y la convocatoria a la elecciones, hasta el eslabonamiento exacto de todos y cada uno de los circuitos que supone organizar una elección y brindar la certeza de sus resultados. De ahí lo delicado que se ha vuelto la conformación de dichos entes, sobre todo en nuestro país donde la desconfianza parece ser el principal ingrediente de los asuntos públicos.
Ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una serie de lineamientos para la selección y nombramiento de los consejeros electorales de los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE’s), se abre un horizonte de certeza respecto del procedimiento que culminará con tales designaciones, pero al mismo tiempo se muestra con claridad que, en los afanes de disipar la desconfianza del mencionado procedimiento, han ocurrido algunos excesos y ciertas contradicciones “lógicas”.
En los lineamientos, además de cubrir los requisitos legales, se encuentran una serie de requisitos que habrán de cubrir los aspirantes a ocupar dichos cargos: la trayectoria profesional, la experiencia electoral, un examen de conocimientos en la materia, la elaboración de un ensayo in situ y una entrevista con al menos dos miembros de la comisión responsable del procedimiento. Todo ello, desde luego, para evitar el sospechosismo.
A mí me parece bien todo el procedimiento, pero creo que la lupa, el microscopio para ser más riguroso, debe enfocarse más en otro sitio: en las discusiones, argumentos y ponderaciones de los miembros de la comisión del INE cuya tarea es proponer al consejo general del INE los quintetos que serán votadas por éste. Tales encuentros y reuniones deberían ser televisadas incluso, a ojos de todos. Cuando se toman las decisiones, los ojos no deben estar en los aspirantes, sino en los decididores.
Uno de los excesos de estos lineamientos es el examen, con todo y que considero que siempre un examen es la mejor herramienta para medir y medirse. El exceso radica en que ninguno de los once consejeros actuales del INE fue sometido a un examen de esa naturaleza: ¿Por qué pedir algo a lo que no se fue sometido? ¿no es medir con vara distinta? ¿Será que por eso también, dado un implícito sospechosismo, se pide la elaboración de un ensayo in situ, como si a alguno se le ocurriera presentar un trabajo escrito que no es de su autoría? Y no tengo nada contra los ensayos, por el contrario, pienso que es el ejercicio natural de la vida intelectual de una persona, máxime si tiene una responsabilidad pública.
Dentro de las contradicciones “lógicas” (por llamarlas de alguna manera), se encuentra aquello de la experiencia electoral: ¿qué se está entendiendo por tal experiencia? Generalmente las leyes y códigos electorales establecen que los ciudadanos con capacidad para votar y ser votados participan de diversa manera en los procesos electorales, ya como candidatos a puestos de elección popular, ya como electores, o como funcionarios de casilla, también como observadores electorales o como miembros de los organismos electorales en sus diversos ámbitos (consejeros electorales, funcionarios, capacitadores, etcétera). Si eso es “experiencia electoral”, entonces el espectro se amplifica y será una convocatoria de grandes dimensiones.
Sin embargo, y aquí está la contradicción, cuando menos in terminis, la “experiencia electoral” se ha de reducir a algún aspecto. Se excluye la experiencia electoral de quien haya sido candidato a algún cargo de elección popular, al menos cuatro años previos. Me supongo que también la experiencia de elector, con todo y que éste certificara ante notario que ha votado y que su credencial se encuentra marcada por haberlo hecho.
La experiencia electoral, para evitar equívocos, debe quedar clara en la convocatoria: en qué sentido, en qué ámbitos, hasta dónde, o sólo se reduce a haber pertenecido, en sus multiformes maneras, a un organismo electoral, local o federal.
Con todo, insisto, lo que se juega en los organismos electorales es la legitimidad de origen de los cargos de elección popular, de ahí la importancia, que no es menor, de quienes integran y conducen a dichos entes. Si estamos dispuestos a cambiar la historia es preciso dejar de verla como el origen, desarrollo y ocaso de los imperios, es decir, de los poderosos, para verla, más bien, como la lucha por humanizar y dignificar la vida pública para que ésta sea cada vez más el espacio donde todos los ciudadanos, hombres y mujeres, alcancemos y realicemos nuestra humanidad.