Como cada año desde 1994, el sábado pasado se conmemoró una vez más en todo el planeta el Día Mundial del Agua, en respuesta a la iniciativa de la ONU para llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de su gestión sustentable. Con el oportunismo que caracteriza a los políticos, esta fue también una buena oportunidad para desempolvar sus más lapidarias y profundas (aunque bastante breves) frases sobre el tema y volver a guardarlas de inmediato para la próxima ocasión. Hasta ahí la respuesta local al exhorto de la ONU.
Pero dejando a un lado esas insalvables, inútiles, anacrónicas y aburridas usanzas políticas locales, debe resaltarse la necesidad de detenernos en Puebla a reflexionar sobre el tema de este recurso natural, porque estamos ante evidencias de una realidad poco alentadora: Los problemas del acceso al agua limpia y el saneamiento de las aguas residuales en todo el territorio estatal cada día se complican más, agravando el ya existente desequilibrio en el desarrollo socioeconómico y ambiental en el territorio poblano.
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Los problemas del acceso a este recurso natural se sintetizan en un solo hecho: Hasta ahora no puede suministrarse en el volumen ni en la calidad que demandan los poblanos en todo el estado, convirtiéndose la situación en un obstáculo fundamental para el bienestar y el desarrollo de sus comunidades, que tienen que sumarle a sus esfuerzos diarios, los costos directos e indirectos que traen las ineficiencias de un servicio deficiente y caro.
Pero no hay manera de culpar al agua por no estar disponible en abundancia, calidad y bajo costo ahí, donde conviene a nuestros deseos. En cualquier caso, nosotros deberíamos ajustar nuestras decisiones económicas y ecológicas, a la más conveniente disponibilidad del agua limpia. Si el ciclo del agua es un fenómeno natural recurrente, que ha determinado por su presencia la existencia de seres vivos en el planeta; queda a la especie humana el encargo de imaginar y materializar las formas en que puede asegurar el aprovechamiento oportuno de sus atributos, en suficiencia, calidad y menor costo. La alternativa es pues, la gestión adecuada del agua. Aquí es donde empieza la responsabilidad del estado y donde se le complica la vida a los ciudadanos.
Y no es que no existan instrumentos legales, técnicos y de administración para planear y conducir una administración responsable que asegure el acceso y la depuración del agua; sólo que estos no tienen un hilo conductor que lo permita. Intentaré explicarlo:
Todos los que vivimos en el estado al concluir nuestra educación primaria, deberíamos conocer puntualmente los efectos del ciclo del agua en nuestro municipio cuando menos. Así no tendríamos la menor objeción más adelante en el tiempo, en acatar las líneas que estableciera los gobiernos municipales para la planeación de los usos de suelo en un marco de sustentabilidad.
El gobierno del estado debiera tener ya elaborada y difundir, una estrategia integral práctica para lograr el máximo aprovechamiento del fenómeno del ciclo del agua en todo el estado, de manera tal que la base de planeación en los usos del suelo en cada municipio, tenga una plataforma esencial que pueda ser considerada por las comunidades para definir sus programas de desarrollo.
Aunque el objetivo básico de la planeación del agua debiera ser lograr la disponibilidad del recurso natural en calidad, volumen y bajo costo, la ley estatal de agua aprobada en diciembre de 2013 le asigna criterios preponderantes de rentabilidad económica; así lo reconoce su artículo 5: “La política hídrica en el Estado se sustentará en lo siguiente: … VI. La gestión del agua debe generar recursos económicos y financieros suficientes, para que los Prestadores de Servicios Públicos realicen sus tareas inherentes, en forma autosustentable y ejecuten los programas hídricos de desarrollo sostenible orientados a la cobertura universal de los Servicios Públicos en el Estado”
También en la misma ley el gobierno estatal se desentiende olímpicamente de su responsabilidad para la realización de estudios y trabajos de investigación en torno al manejo y conservación cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos. Además, como estructura de gestión, el gobierno estatal tiene a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, como un órgano consultivo y coordinador de la gestión del agua entre los municipios y el Gobierno del Estado, pero vinculada a la Secretaría de Infraestructura; es decir, el agua vista no como elemento estratégico del desarrollo, pero sí como generador de obras públicas y de apoyo a los concesionarios de los servicios con cargo a la administración estatal.
La ley estatal de agua en Puebla refleja la visión que se tiene sobre el recurso: Le apuesta a los beneficios en dinero provocados por la escasez del recurso. Es una opción de negocio. Sobre la disponibilidad del agua, sobre el ciclo que hace posible su presencia sobre el territorio poblano, sobre estrategias de aprovechamiento de agua de lluvia, sobre estrategias asociadas a los efectos del cambio climático, nada; ni un renglón.
No dudo que más temprano que tarde, nos desayunemos un día con la noticia de un megaproyecto para traer agua de lejanas tierras. Eso estaría dentro de la visión de la ley.