Estoy convencido que el asunto de gobernar no es uno que resulte fácil y en el que cada tema de interés social resulte en éxito. Verá usted por qué respetable lector: Entre las principales preocupaciones de los poblanos se encuentran el aumento de los niveles de inseguridad pública, la falta de oportunidades para obtener ingresos dentro del marco de la ley, el grave avance del deterioro ambiental y la falta de respuesta del gobierno estatal para detener, controlar y revertir estos escenarios.
Los indicadores nacionales de medición de estos fenómenos, contrastan con el ya anacrónico discurso local de éxitos y bienestar. Pero a pesar de la información que divulga la federación respecto a la situación que en estos rubros impera en el territorio poblano, al gobierno local se le dificulta armar, echar a andar y difundir políticas públicas estatales responsables para superar la adversidad.
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Por ejemplo, en el tema de la inseguridad pública, las solas declaraciones repetitivas de éxito no pueden ser consideradas técnicamente como una política pública. Si no existen evidencias de planeación en la institución, están improvisando hasta los discursos. Por ello es oportuno preguntarse en este momento si la sociedad conoce algo así como el modelo de organización (funciones, políticas y procedimientos) de la policía estatal y/o municipal; o si se conoce el modelo de administración de los servicios de seguridad pública; o si se tiene una idea de los recursos humanos ideales de fuerza policial para cada ciudad; o si se han difundido las circunscripciones operativas de protección y servicio de la fuerza policial en las ciudades poblanas; o si se ha difundido el comparativo de gasto corriente de la policía y la de otros rubros de la administración; o si se han hecho públicos los indicadores locales de la eficacia preventiva y judicial con aval social; o si realmente existe eso denominado servicio civil de carrera policial.
En materia de oportunidades para mejorar el ingreso de los poblanos, tampoco se tiene una estrategia técnicamente seria para orientar una solución al severo problema de pobreza. Hasta ahora la estrategia ha sido seguir la inercia de los programas federales asistencialistas, que han mostrado ser históricamente ineficaces para la superación de la situación social. En los últimos tres años la situación ha empeorado de tal forma para los poblanos en situación de pobreza, que deja en el aire cualquier ostentación para justificar el multimillonario gasto de inversión en infraestructura. La realidad hace evidente que se ha dirigido el oneroso gasto hacia donde menos eficiencia tendrá respecto del problema de falta de ingreso de la mayor parte de los poblanos residentes por todo el territorio.
Por si fuera poco, los poblanos jóvenes hoy y los que nazcan en los próximos treinta años tendrán que limitar sus horizontes de decisión, pues esta administración ha comprometido hasta por tal plazo el destino de las participaciones y aportaciones federales para pagar las obras ahora realizadas.
Entonces, si no resuelve los problemas ¿Por qué la insistencia de la administración estatal en improvisar costosas obras a sabiendas que no mejorarán el ingreso de la mayoría de los municipios? Recordando que la mayoría de las dispendiosas obras han sido asignadas a constructoras ajenas a Puebla, podría justificarse el rumor popular que los beneficios de esas asignaciones multimillonarias han ido a parar a los patrocinadores de la campaña electoral pasada y servirán también para soportar el gasto de la próxima. No se han mostrado evidencias documentadas aún sobre el particular, pero este texto es sólo una columna de opinión, no un acta acusatoria.
Lo curioso es que el gobierno del estado, lejos de asumir un posición responsable en materia de desarrollo social, la semana pasada convocó a los presidentes municipales urgiéndolos a comprometer sus exiguos presupuestos en la ejecución obras del programa federal de apoyo a infraestructura, con el objetivo de reducir los índices de pobreza en los registros del CONEVAL para 2015, y no con el propósito de resolver el diferente problema de cada municipio. Nuevamente se cae en la histórica, inútil y costosa trampa de la actividad: Hacer cosas aunque no sean las que se necesitan. Personalmente estoy convencido que el ingreso de la mayor parte de los poblanos en nuestro territorio no va a mejorar, con todo y que cada localidad construya un comedor comunitario y algunas acciones básicas de vivienda, como tampoco se generan más empleos con altísimas inversiones públicas a fondo perdido en plantas automotrices privadas.
Por el lado de la desatención al avance en el deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales, este fenómeno está cobrando ya las primeras facturas a la población poblana. Por ejemplo, la gestión de suministrar agua limpia y depurar las residuales en la ciudad capital ha superado la capacidad profesional de la administración estatal, por ello toma provecho de su propia impericia para materializar en dinero esta debilidad y concesiona el servicio, en perjuicio directo los poblanos. El tratamiento de las aguas residuales tan sólo ha sido un concepto para recibir dinero federal para ejecutar obras, pues la Comisión Nacional de Agua ha reconocido que la operación de más del 90% de las instaladas es insatisfactoria.
Aparte, la administración estatal no sólo desconoce o ignora el costo social, ambiental y económico de las presiones de la industria minera sobre otros recursos naturales vinculados directamente con usos y costumbres de los poblanos, sino que con la complicidad de la mayoría de los diputados locales han aprobado disposiciones legales que facilitan el recurso de expropiación, para favorecer intereses distintos a los de la mayoría popular.
Los niveles de contaminación del suelo por disposición de residuos urbanos, de manejo especial y hasta residuos peligrosos, lo mismo que el avance de improductividad de suelos, desertificación, pérdida de superficie forestal y biodiversidad, son prácticamente desconocidos porque al margen de lo dispuesto por la ley, la administración no rinde los informes a que está obligada. Por supuesto que el ocultar el problema lo agrava y hoy ningún presupuesto alcanza ya para regresarlo a su condición original; es decir, menos dinero otra vez para impulsar el desarrollo de los poblanos del futuro, pero más obligaciones para tapar agujeros que hoy se abren.
Y si de costos hablamos valdría la pena que la autoridades ambientales asumieran su responsabilidad sobre los costos económicos (pérdida de tiempo productivo y depreciación del parque vehicular) y daños a la salud (física y mental de personas sanas, asmáticas, ancianos y menores) que sufre actualmente la capital por no prever los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos de la ejecución de obras simultáneas en la vía pública, tan intensas en la generación de contaminantes a la atmósfera (ruido, polvo contaminado, gases de combustión). Al tolerar estas condiciones, el gobierno del estado incumple con su atribución de velar por el derecho de las personas a un ambiente sano, consagrado en los art. 4º de la Constitución y 1 de la ley ambiental estatal.
Los problemas en los tres están ahí y son síntomas de un problema mayor. No es fácil ocultarlo, ni resolverlo, pero ningún nivel de autoridad asume ninguna posición. ¿La Contraloría estatal se entenderá de estas cosas? ¿Los diputados? ¿El Poder Judicial? ¿Alguien?
Debe ser difícil gobernar cuando ciertas cosas salen mal.