Después de que AMLO solicitara al presidente Peña Nieto una consulta popular con base en lo establecido en el artículo 35 fracción VIII de la Constitución, que a la letra dice. "Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley." El presidente de la República ha rechazado esta acción constitucional de consulta y se ha manifestado porque sean las Cámaras del Congreso de la Unión quienes asuman la decisión sobre la reforma energética, en su papel de órganos que representan la voluntad popular.
Esta decisión del ejecutivo federal dará como consecuencia una serie de acciones de desobediencia civil pacífica y de presión popular dado que la acción legal de consulta directa no prosperó.
Más artículos del autor
La forma en que se han definido las reformas estructurales han sido de tipo cupular ya que los tres principales partidos representados en el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo federal han marcado la agenda nacional y las consultas sobre los temas energéticos y hacendarios se han dado de la misma forma en foros cerrados y sólo escuchando a sectores y especialistas en cada uno de los temas.
¿Qué podemos esperar de la presión social para influir en las decisiones del congreso y del gobierno federal si en nuestro pais en no existen mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular y el referendum?
Lo que hemos observado en las últimas semanas son sólo formas de legitimación de las decisiones que han tomado en el esquema del pacto el gobierno federal, PRI, PAN y PRD además del cabildeo de organismos empresariales, en donde por ejemplo la bandera del IVA en colegiaturas terminó ganándola la COPARMEX en un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público brincándose de plano al Congreso. Aún veremos este tipo de actos en los próximos días y antes del 20 se octubre que es la fecha limite para aprobar la Ley de Ingresos que tanta polémica causó al grado que el propio Gobernador del Banco de México Agustín Cartens en reunión con legisladores panistas les tiró linea para oponerse a algunos temas como el IETU calificando a la reforma hacendaria de recesiva.
Las estrategias mediáticas que descalifican las movilizaciones sociales como método de influencia política han logrado en buena medida desacreditar esta forma de presión social y con esto sólo quedan los órganos intermedios y los partidos politicos como interlocutores entre el gobierno federal y la sociedad civil. Ante este escenario es poco probable que las manifestaciones públicas logren influir en la toma de decisiones políticas incluso no veremos estas figuras de democracia directa como el referendum y la iniciativa popular en la propuesta de reforma político-electoral que tanto impulsan el PAN y el PRD sobre todo porque la "partidocracia" mexicana no esta dispuesta a compartir espacios en las cámaras, en los ayuntamientos y gubernaturas con la sociedad civil ya que esperan seguir ejerciendo el monopolio de la representación popular aun con la figura de candidaturas supuestamente ciudadanas.
A la democracia participativa de nuestro país le falta mucho camino por recorrer y por lo que se ve la primavera mexicana no llegará pronto.