La semana pasada se difundió la noticia sobre la autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a los trabajos de exploración en terrenos poblanos a particulares en busca de metales preciosos en la Sierra Nororiental de Puebla.
Ya se ha expuesto en diferentes medios y plataformas de diálogo la preocupación que tiene la sociedad por las implicaciones que el desarrollo de las actividades mineras de este tipo trae para los residentes y el medio ambiente. No se trata hoy de insistir pues, en listar los impactos negativos que vienen involucrados con los modelos de explotación y proceso de esta industria, sobre los subsistemas sociales, ambientales y económicos de cada región.
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Hace cerca de año y medio en este espacio se comentaba que la actividad minera está comprendida en el artículo 27 de nuestra Constitución General; ahí se concede a la nación la propiedad de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional, que tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, correspondiéndole el dominio directo de los minerales o substancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales utilizados en la industria.
Ahora bien, para reglamentar esta actividad se expidió la Ley Minera, dejando su aplicación a la Secretaría de Economía de la federación. Esta ley previene que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de utilidad pública y que serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que ella misma establece. Esta previsión que otorga prevalencia de la actividad minera sobre cualquier otro uso de suelo, comentaba entonces, concede inquietantes facilidades a los particulares para que basados en sus capacidades financieras, puedan repartirse el territorio nacional sin más limitaciones que las distribuciones de los minerales descritas por la Carta Geológica de México. Tan es así que en la misma ley se conceden atribuciones a la Secretaría de Economía para resolver sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la ley.
Es paradójico observar que mientras los más de 34,200 km2 del territorio de Puebla contienen abundantes recursos mineros aprovechables, sobre ellos se distribuyen y asientan los cientos de miles de poblanos inmersos en condiciones punzantes de pobreza. Aquí es donde debe reclamarse a las decenas de instituciones de educación superior públicas o privadas y al mismo gobierno estatal, que no tengan la capacidad para generar métodos competitivos de explotación racional de los recursos minerales poblanos, para beneficio directo de los poblanos; sobre todo aquellos en condiciones de pobreza.
En el territorio poblano existen evidencias documentadas de la existencia de minerales metálicos de alto valor en el mercado, como el oro, plata, cobre, plomo, zinc, cromo, níquel, manganeso, molibdeno, además de minerales no metálicos, como arena sílica, arcillas, zeolitas, dolomitas, cuarzo, talco, etc. Los impactos ambientales de su aprovechamiento pueden ser administrados sin generar externalidades adversas que afecten otras actividades económicas o los procesos del equilibrio ecológico en cualquier plazo.
Es probable que para impulsar la minería local existan impedimentos legales para que los habitantes de las comunidades puedan explotar sus propios recursos mineros; quizá las dificultades también sean de orden técnico, tecnológico o financiero, pero nada que no pueda resolverse con el apoyo académico, el recurso gubernamental local y la decidida intervención de los legisladores poblanos tanto estatales como federales. Ya le comentaba con anterioridad respetable lector, que no tenemos que pensar en inversiones faraónicas para quitar el velo que cubre a una fuente de riqueza frente a los ojos de pobreza de esas comunidades.
Me pregunto: ¿Acaso la economía del estado sólo se rescatará con plantas automotrices de capital extranjero, a las que se les paga dinero público por instalarse sin conocer las consecuencias socioambientales de mediano y largo plazo?
Me parece oportuno traer a cuento los comentarios de Denisse Dresser (1) cuando refiere que “… Desde hace cientos de años, México le apuesta a los recursos naturales y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello. Se convierte en un lugar de pocos dueños y muchos trabajadores; de hombres ricos y empleados pobres.”