Después de que concluyó con éxito la elección de los futuros miembros del Poder Legislativo poblano que no se ha visto sometido a un proceso de judicialización escandaloso; no sucede lo mismo en la lucha por el poder municipal; en ella se han dejado para el trabajo final del tribunal electoral del estado, los temas que aparecen como problemáticos y muchos con la amenaza de revivir marchas a la ciudad de México para hacer denuncias delo que ahora se empieza a denominar como violaciones sistemáticas de derechos políticos, considerados como derechos humanos a partir de la reforma del artículo 1º de la Constitución federal en el año 2011.
La lucha democrática de las elecciones municipales, es considerada como el histórico ejercicio de la política mexicana, sobre la cual se fue forjando el nuevo régimen democrático de nuestros días. Inclusive el politólogo Robert Dahl, allá al final de los años setentas, no dudó en prescribir el camino de México hacia la poliarquía –la democracia- a través del impulso de la lucha política electoral asentada en ganarle al PRI, primero los ayuntamientos, después los congresos estatales y las gubernaturas, para arribar a un régimen democrático. Camino seguido y ampliamente documentado que fue posible gracias al cambio de dirección del estado mexicano de su visión social hacia una dimensión neoliberal a partir de los años ochenta.
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La reforma política de 1977 primero, la entrega de re cursos financieros propios para que los administraran los ayuntamientos, provenientes del cobro del impuesto predial, junto con la reforma municipal, que en 1983 dotó al municipio mexicano constitucionalmente de más recursos económicos mediante las participaciones federales, los cuales fomentaron el interés por la conquista del poder y de los ayuntamientos. De tal suerte que la reforma política municipal que introdujo la representación proporcional en la totalidad de municipios mexicanos, produjo el gran movimiento de democratización mexicano al ras del suelo. Así, la lucha política por el poder municipal se convirtió en la principal escuela de la democracia,, razón por la cual cobra vital importancia que sea respetada la decisión ciudadana dentro de este espacio territorial, que es base de la división estatal y de la descentralización regional, asimismo, sustento del federalismo dual.
Es natural que en toda contienda electoral tanto ciudadanos como partidos políticos, no queden conformes con los resultados; pero para ello, el sistema electoral mexicano garantiza a través de sus principios constitucionales elecciones cada vez más confiables, con resultados objetivos, con la actuación de organismos electorales independientes, pero sobre todo, que se aplica sin reserva alguna el principio de legalidad. Por ello, dentro de los conflictos jurisdiccionales para resolver las impugnaciones a los resultados electorales en un escaso número de municipios poblanos, destacan algunas por el camino que ha seguido la construcción del poder municipal que será por un periodo extraordinariamente largo a cotidiano: Por lo menos tres municipios están poniendo en la mesa política una observación dirigida a los organismos electorales poblanos: IEE y TEEP, en atención a que el nombramiento que hizo el Poder Legislativo, fue severamente cuestionado en el campo de la legitimidad, y ahora ciudadanos de Atzitzihuacan, Huatlatlauca y Gral. Felipe Ángeles, dan cuenta a los medios de comunicación y a la opinión pública de un conjunto de actividades durante el proceso electoral que deterioran la imagen democrática, modernizadora y de respeto irrestricto al principio de legalidad, y por supuesto de respeto y no violación a los derechos humanos reconocidos erga omnes -entre ellos los derechos políticos- por nuestra Constitución a partir de 2011.
Seguramente, al final del proceso electoral poblano 2012-2013, la democracia municipal quedará salvaguardada.