11 años de prisión para dueños que abandonen casonas en Atlixco

Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, señaló que los propietarios de casonas con daños estructurales en el Centro Histórico de Atlixco podrían enfrentar hasta 11 años de prisión si incurren en abandono deliberado o deterioro intencional de inmuebles.

El funcionario precisó que una proporción de los monumentos históricos de México corresponden a viviendas particulares, cuyos dueños están obligados por ley a garantizar su conservación.

Aclaró que no todos los inmuebles con afectaciones en Atlixco presentan daños atribuibles al sismo de 2017, sino que, en varios casos, el deterioro responde a la omisión en labores de mantenimiento.

Balandrano Campos subrayó que permitir el colapso de una edificación protegida con la intención de demolerla constituye un delito federal.

“Dañar un monumento histórico puede implicar penas de hasta 11 años de cárcel”, enfatizó.

Aunque evitó precisar cuántos propietarios en Atlixco se encuentran en esa condición, aseguró que existen expedientes abiertos y seguimiento puntual.

Recordó que el descuido no solo representa un riesgo estructural, sino también un foco de conflicto social y sanitario, debido a que algunos inmuebles abandonados son ocupados por personas en situación de calle.

Detalló que, ante la falta de atención del propietario, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emite notificaciones formales.

En ellas, se estipula que, si después de tres requerimientos no hay respuesta, la autoridad puede ejecutar obras con recursos públicos, recuperar el monto mediante mecanismos fiscales e iniciar un proceso de expropiación.

“Quien no desee mantener un inmueble protegido puede venderlo, pero no dejarlo desplomarse”. Aseguró Balandrano.

En caso de demolición parcial sin autorización, advirtió que el procedimiento legal suele resolverse en contra del responsable y puede derivar en prisión.

Añadió que existe la posibilidad de solicitar condonaciones en el impuesto predial cuando el propietario acredita inversión en conservación.

Sin embargo, reconoció que este instrumento es escasamente aprovechado. (BH)