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Sociedad
Artículo 19, en una nueva alerta, exigió el cese del uso penal como represalia
En la gráfica, en primer plano, el director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, en la parte superior derecha el logo de Artículo 19 y en la inferior derecha el logo de e-consulta
Foto / e-consulta
La vinculación a proceso que fue impuesta por un juez de Control al director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, representa una escalada en el acoso judicial previamente documentado contra el periodista, advirtió la organización Artículo 19.
Por ello, Artículo 19 emitió una nueva alerta y señaló que la vinculación a proceso se produce pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Rodolfo Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que compromete el derecho a una defensa adecuada.
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En la nueva alerta emitida este 24 de diciembre de 2025, Artículo 19 señaló que el proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada. Su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia.
La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder.
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“En este contexto, Artículo 19 recuerda que en abril de 2025 emitió una alerta en la que exigió al Gobierno de Puebla cesar el uso de la tribuna pública para estigmatizar y criminalizar a la prensa, particularmente en contra de Rodolfo Ruiz. En una conferencia del 7 de abril de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó un discurso estigmatizante al acusar al periodista de dirigir “una red de delincuencia cibernética”, lo que Artículo 19 advirtió como una práctica contraria a los estándares de libertad de expresión y con un efecto claramente intimidatorio sobre el ejercicio periodístico”.
En el documento se enfatiza que Artículo 19 ha advertido reiteradamente que el uso de figuras penales complejas, como los delitos financieros contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, en tanto busca desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa mediante procesos largos, costosos y estigmatizantes, aun cuando no exista una sentencia condenatoria.
Artículo 19 advirtió que la vinculación a proceso de un periodista por hechos relacionados con su actividad profesional tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada.
Y añadió que este tipo de acciones envía un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder.
“En un país donde la violencia contra la prensa convive con altos niveles de impunidad, la judicialización indebida profundiza el cierre del espacio cívico y debilita el derecho colectivo a estar informado”, señaló la organización.
El Estado mexicano tiene la obligación reforzada de garantizar que ninguna autoridad utilice el sistema de justicia para castigar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente cuando se trata de periodistas que investigan asuntos de interés público.
Por lo anterior, Artículo 19, en la alerta que emitió este 24 de diciembre, exigió lo siguiente:
La Red Puebla de Periodistas hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta se garantice el derecho de libertad de expresión en Puebla y todo el país.
A través de un post en redes sociales, lamentaron que se criminalice al director de e-consulta, Rodolfo Ruiz.
“A la Red Puebla de Periodistas nos parece lamentable que mientras todas las personas deberían estar enfocadas en la celebración y el descanso, en Puebla se criminalice a Rodolfo Ruiz, director de e-consulta Puebla, quien ayer 23 de diciembre fue vinculado a proceso por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La organización enfatizó que lo anterior no sólo es un ataque a la libertad de expresión, sino promueve un clima de autocensura y miedo en el gremio.
“Es por ello que hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a pronunciarse al respecto y a comprometerse a garantizar los derechos de libertad de expresión e información en Puebla y todo el país.
“Asimismo, pedimos al gobernador Alejandro Armenta Mier a que cumpla la obligación de respetar el ejercicio periodístico, como él mismo se comprometió en años pasados y esto se extendería a todas las personas que colaboraran con su gobierno”, se lee en el comunicado.
Respecto al juez Joel Daniel Baltazar Ávalos, la Red Puebla de Periodistas le recordó su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, así como respetar la Constitución, la cual, señalaron, garantiza el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de información en sus artículos 6 y 7.
“Hacemos un llamado al gremio y a la sociedad en general a que se unan y muestren apoyo, no sólo al director de e-consulta, sino al periodismo crítico y que proporciona herramientas para elevar la calidad del debate público y el ejercicio de otros derechos humanos”, concluyó la organización.
Pese a las inconsistencias señaladas durante la audiencia, un juez de Control dictó vinculación a proceso contra el periodista Rodolfo Ruiz por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada ayer en Casa de Justicia de la 11 Sur.
A pesar de que se expusieron señalamientos sobre la falta de datos que acrediten la comisión del delito imputado, el juzgador resolvió vincular a proceso al periodista.
Tras escuchar a ambas partes, el juez determinó otorgar un plazo de 45 días para la investigación complementaria, menor al solicitado por la Fiscalía.
Asimismo, se ratificaron las medidas cautelares impuestas al periodista, las cuales consisten en la firma periódica ante la autoridad correspondiente y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, mismas que permanecerán vigentes hasta que se determine alguna modificación conforme al desarrollo del proceso. (MIG)