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El Ayuntamiento de Izúcar destinó más de 863 mil pesos a difusión oficial en 75 días, mediante adjudicación directa y sin métricas
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros
Foto: Cortesía
El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros destinó 863 mil 235 pesos de recursos públicos a la contratación de servicios de transmisión y difusión del quehacer gubernamental durante un periodo de 75 días, comprendido entre el 17 de octubre y el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con dictámenes de adjudicación directa localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los contratos fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones municipal, bajo el argumento de cumplir con la Ley General de Comunicación Social, así como con los artículos 17, 20 fracción I, 22 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Gasto concentrado y adjudicación directa
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La revisión de los documentos muestra que la totalidad de los contratos fue otorgada mediante adjudicación directa, una modalidad legal pero de carácter excepcional, utilizada cuando existen condiciones específicas que impiden un proceso competitivo.
En este caso, los dictámenes no detallan estudios de mercado, comparativos de precios ni criterios técnicos que expliquen la selección de proveedores, a pesar de tratarse de recursos públicos ejercidos por el Ayuntamiento de Izúcar.

El gasto se concentró en 14 proveedores, en su mayoría personas físicas vinculadas a medios de comunicación locales, así como una empresa dedicada a servicios editoriales.
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Montos y beneficiarios
Entre los pagos más elevados registrados se encuentran:
Otros contratos oscilaron entre 6 mil y 58 mil pesos, todos bajo el concepto genérico de “servicio de transmisión y difusión del quehacer gubernamental mediante radio e internet”
En conjunto, el monto ejercido por el Ayuntamiento de Izúcar equivale a un promedio de 11 mil 510 pesos diarios durante el periodo referido.
Falta de indicadores y evaluación
Los expedientes revisados no contienen métricas de impacto, tales como alcance, audiencia, frecuencia de transmisión, duración de campañas o mecanismos de evaluación que permitan medir la eficacia del gasto público en comunicación social.
Tampoco se precisan lineamientos editoriales ni controles que garanticen que la difusión contratada cumplió con los principios constitucionales de neutralidad, objetividad y no promoción personalizada, establecidos en el artículo 134 de la Constitución y en la Ley General de Comunicación Social.
El gasto se ejerció en un contexto en el que el presidente municipal, Eliseo Morales Rosales, ha denunciado públicamente la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en su contra, señalando a medios y páginas digitales cuyos propietarios no han sido identificados y que han sido los principales críticos de su administración.
No obstante, los registros oficiales confirman que, de manera paralela, su gobierno contrató y pagó servicios de difusión institucional con recursos públicos, sin que exista evidencia documental de criterios técnicos que sustenten la necesidad, proporcionalidad o impacto del gasto.
Cabe resaltar que varios de estos pagos se realizaron a personas que no cuentan con formación profesional en comunicación o periodismo, ni representan medios de comunicación formales o legalmente constituidos. (KR)