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Gobierno
En 2019 durante el gobierno de Barbosa se eliminó este gasto para el estado
Alejandro Armenta y detrás el vicealmirante Francisco Sánchez
Foto: Gran Angular
La nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla que propuso el gobernador Alejandro Armenta Mier contempla regresar la seguridad privada para exgobernadores que así lo soliciten.
En junio de 2019 el exgobernador Miguel Barbosa modificó la ley en el contexto de la llamada austeridad de Morena para ahorrarse 40.3 millones de pesos de gasto por la seguridad de exgobernadores.
Ahora, Alejandro Armenta remitió al Congreso del Estado la propuesta para expedir una nueva Ley de Seguridad Púbica del Estado de Puebla para homologarla con la Ley General y la Estrategia Nacional 2024–2030.
La Ley que propone el mandatario estatal consta de 163 artículos, entre los cuales destaca la implementación del mando único de seguridad, considera la violencia familiar y la violencia como las mujeres como antecedentes penales, y devolverle la seguridad a los exgobernadores.
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En el artículo 136 y 137 se especifica que el ex titular del Poder Ejecutivo podrá solicitar seguridad personal por escrito a partir del día siguiente que culmine su mandato.
Asimismo, se establece que el Gobierno del Estado lo dotará con hasta ocho elementos que trabajarán por dos turnos y deberán cuidar al ex mandatario estatal durante el tiempo que lo requiera.
Incluso señala la nueva Ley que a los elementos se les dotará de identificación, armas, vehículos adecuados para su trabajo, por ello se establece que los gastos para otorgar este servicio se deben considerar en la Ley de Egresos de la administración estatal.
Otra de las modificaciones que se proponen se basan en una reorganización completa de los cuerpos de seguridad del estado, contemplando la creación de nuevas divisiones operativas con funciones específicas.
Dentro de estos cambios, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se mantiene como el órgano policial responsable de realizar investigaciones con enfoque científico, integrada directamente en la estructura de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía ampliará su ámbito de acción para capacitar no solo a agentes investigadores, sino también a peritos, analistas de información y facilitadores de mecanismos de solución de controversias en materia penal.
La iniciativa se envió a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, para ser analizada y se espera se apruebe antes de que termine el año. (CR)