Legalizar arrancones es un retroceso mayúsculo: Observatorio de Movilidad

El Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial expresó su preocupación sobre la legalización de los arrancones y la cancelación de los operativos alcoholímetro en Puebla.

“Consideramos que estas medidas constituyen un retroceso mayúsculo en los esfuerzos por reducir la siniestralidad”, indicó el organismo en un pronunciamiento urgente.

Asimismo, explicó que existe evidencia internacional y legislativa vigente al respecto, como en el caso de los alcoholímetros, que son una medida de seguridad pública preventiva y cuya cancelación incumple con la Ley General de Movilidad.

De acuerdo con el observatorio:

• La cancelación de estos operativos envía un mensaje de permisividad que afectará la integridad física de conductores, ciclistas y peatones
• Los constantes operativos reducen significativamente el número de muerte en las vialidades

Arrancones, actividad de Alto Peligro Público

Por otra parte, Movilidad y Seguridad Vial calificó a los arrancones como un Alto Peligro Público y son carreras clandestinas porque contravienen a la normatividad de tránsito, la cual dicta una infracción grave al respecto por atentar contra la fluidez y seguridad de la vía.

Agregó, que los arrancones también incurren en la afectación del Principio de Prioridad de la Movilidad, que prioriza a peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.

Legalizar los arrancones, por tanto, promoverá el uso recreativo y peligroso de vehículos particulares por sobre la seguridad de los ciudadanos más vulnerables; acción contraria a los derechos humanos a la movilidad segura.

Llamado a Puebla para reconsiderar arrancones y operativos

El Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial realizó un llamado urgente al estado de Puebla para reconsiderar las propuestas respecto a la legalización de los arrancones y cancelar los operativos alcoholímetro.

Recalcó que debe priorizarse la Visión Cero, es decir, cero muertes y lesiones graves en el tránsito; sugirió la colaboración inmediata con las dependencias competentes para legislar políticas públicas.

Propuso el diseño de estrategias efectivas para la seguridad vial, basadas en evidencias, con ayuda de expertos y especialistas en el tema.

Señaló tres bases para legislar al respecto:

• Identificar y proponer soluciones que se alineen con la Ley General de Movilidad
• Identificar y proponer soluciones que se alineen con el compromiso internacional de México para reducir las muertes por siniestros de tránsito
• Implementar operativos de alcoholimetría con apego a los derechos humanos (MCJ)