Detienen a comandante de Epatlán acusado de violencia vicaria en Tijuana

Este jueves 30 de octubre se confirmó la detención del Segundo Comandante de la Policía Municipal de Epatlán, Juan Manuel Guzmán Álvarez, quien había sido nombrado recientemente en el cargo.

Guzmán Álvarez enfrenta una denuncia por los delitos de sustracción, posible privación ilegal de la libertad de menores y violencia vicaria, presuntamente cometidos en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

Detención frente a la residencia Municipal

Aproximadamente a las 15:40 horas del 21 de octubre de 2025, elementos de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) realizaron la detención de Guzmán Álvarez frente a la Presidencia Municipal de Epatlán.

Hasta el momento, el alcalde del municipio, Raúl Merino Badillo, no ha emitido un comunicado sobre el caso.

Nombramiento tras despido masivo en la corporación

Entre los meses de de agosto a septiembre, Juan Manuel Guzmán Álvarez se incorporó a la Policía Municipal de Epatlán como Segundo Comandante, luego del despido de cerca del 90 por ciento de los elementos, quienes fueron sustituidos por efectivos procedentes de otros municipios.

De acuerdo a la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), el servidor público quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP), para posteriormente ser trasladado a Baja California, donde continuará su proceso penal ante las autoridades competentes.

Fiscalía de Izúcar de Matamoros no participó en la detención del mando policial de Epatlán

La Fiscalía de Investigación Regional de Izúcar de Matamoros (FIRIM) afirmó que, respecto a la detención del segundo comandante de la Policía Municipal de Epatlán, no fueron tomados en cuenta ni notificados, toda vez que, al tratarse de un asunto interestatal, intervienen directamente las áreas asignadas de cada fiscalía estatal.

El operativo fue diseñado de manera conjunta entre la fiscalía solicitante y la fiscalía receptora, con el fin de que, mediante el protocolo establecido en materia de convenio, la acción se realizara sin generar anomalías en el aspecto legal, explicó brevemente un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Como lo informó e-consulta, Juan Manuel Guzmán Álvarez fue detenido la tarde del 21 de octubre de 2025 por elementos de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) en el municipio de Epatlán.

Existen dos versiones sobre el hecho: una indica que el operativo se efectuó mientras el comandante estaba en servicio dentro del edificio del ayuntamiento, y otra señala que ocurrió en el exterior, cerca del inmueble.

El servidor público presuntamente enfrenta una carpeta de investigación por el delito de sustracción de menores y una posible implicación en un caso de violencia vicaria, ocurrida en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde quedó a disposición del juez de control en materia de juicios orales.

¿Qué es la violencia vicaria?

En México, gracias al trabajo de organizaciones como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, esta forma de agresión ha sido visibilizada y en varios estados ya está tipificada como delito.

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que se daña a las mujeres a través de sus hijas, hijos o personas con las que mantienen un vínculo afectivo.

La persona agresora suele ser la pareja o expareja de la madre no necesariamente el padre biológico y utiliza a la niñez como instrumento para ejercer control, castigar o causar sufrimiento emocional a la mujer.

Este tipo de violencia se manifiesta cuando el agresor incita a los hijos a rechazar o desobedecer a su madre, descalifica su labor de cuidado, amenaza con dañarla si no accede a sus exigencias o incumple con sus obligaciones alimentarias como método de presión o castigo. Todas estas conductas son consideradas expresiones de violencia vicaria.

¿Qué se considera violencia vicaria?

Quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace o ponga en peligro la integridad y salud de las hijas o hijos de las mujeres.

Quien interponga procedimientos judiciales falsos o dilatorios para impedir la convivencia o la guarda y custodia, con el propósito de dominar, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres.

También se considera cuando estas conductas provocan el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres o de sus hijas e hijos. (BH)