Fiscal ve más implicados en caso Accendo; Espidio asegura legalidad

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Sin precisar un número exacto, la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, señaló que hay más funcionarios implicados en el daño patrimonial por la inversión con dinero del erario de más de 600 millones de pesos en el banco Accendo.

En conferencia de prensa, Pastor Betancourt, informó que el caso registra avances y que se han integrado nuevos elementos de prueba a la carpeta de investigación. Aclaró que las indagatorias no se detendrán y que se revisan posibles responsabilidades adicionales.

“En la integración de nuestra carpeta sobre el tema de Accendo Banco tenemos registradas varias personas involucradas en esta investigación”, declaró la fiscal. Mismo que se originó durante el sexenio del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Nadie por encima de la ley: Espidio Reyes

El secretario Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, Alejandro Espidio Reyes, informó este martes a través de un comunicado que el organismo habrá legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con respecto a la sentencia emitida por el fraude cometido por el Banco Accendo en perjuicio del erario público del Estado de Puebla, así como a la sanción impuesta a dos personas servidoras públicas.

Reyes afirmó que ninguna persona, institución o servidor público, sin importar su cargo, posición económica o militancia política, puede sustraerse de la responsabilidad que implica actuar conforme a derecho.

Asimismo, el comunicado subrayó que, cuando existe un posible delito, el Gobierno del Estado actúa conforme a los principios de un Estado democrático de derecho.

Fraude de Banco Accendo

La exsecretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, enfrenta una sanción económica de más de 362.9 millones de pesos y una inhabilitación de 20 años para desempeñar cargos públicos, derivado de la fallida colocación de 606 millones de recursos públicos en el Banco Accendo durante 2021.

La medida, emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, responde al daño patrimonial causado por la quiebra inmediata de la institución financiera, ocurrida en el mismo año de la inversión.

Castro Corro, quien ocupó el cargo bajo la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, es considerada la principal responsable de autorizar la operación, a pesar de que el banco no reunía los requisitos mínimos para recibir fondos estatales.

Fuentes judiciales destacan que la decisión violó normas de contabilidad gubernamental y generó un quebranto directo al erario, al invertirse en una entidad con evidentes irregularidades financieras.

Junto a ella, un exsubsecretario de la misma dependencia también resulta imputado por los mismos cargos, enfrentando denuncias por presuntos desvíos de recursos.