Diputada de Morena niega cancelación de cuentas por la UIF; acusa infamia

Hilda Araceli Brown Figueredo, legisladora federal por Morena en el distrito 9 de Baja California, rechazó las imputaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales la vinculan con ‘la Mayiza’ facción del Cártel de Sinaloa.

La exalcaldesa de Playas de Rosarito, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2016, calificó las acusaciones como un acto que busca desacreditar su labor contra la corrupción.

Brown, originaria de Tijuana, mencionó haberse enterado de las medidas en su contra mientras viajaba en avión hacia la Ciudad de México.

"Desconozco totalmente, me enteré por los medios", afirmó en una entrevista, subrayando que no ha recibido ninguna notificación oficial.

"No tengo una sola notificación, ningún correo electrónico, ninguna llamada telefónica, absolutamente nada", agregó, insistiendo en que las alegaciones son "completamente falsas".

"Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento", escribió en redes sociales, al tiempo que calificó los hechos como "una infamia”, mencionó la funcionaria.

La diputada también declaró que estuvo en Estados Unidos recientemente: "Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en San Diego con mi tío que sufrió un derrame cerebral”.

¿Cuáles fueron las denuncias del Departamento del Tesoro?

Las sanciones, anunciadas recientemente por las autoridades estadounidenses, incluyen a Brown en una lista junto con cinco personas más y 15 empresas relacionadas con actividades ilícitas.

Según el comunicado del Tesoro, durante su administración municipal, Brown habría colaborado estrechamente con Candelario Arcega Aguirre, identificado como un operador político del Cártel de Sinaloa.

Este individuo supuestamente utilizó su relación personal con la diputada para influir en el control de sectores del gobierno local y facilitar la designación de aliados del cártel en puestos del gobierno.

Además, las autoridades de EUA señalan a Jesús González Lomelí, residente en Rosarito y descrito como un operador financiero de alto rango de la organización criminal, quien junto con Arcega actuaría como intermediario entre Brown y los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes de ‘los Mayos’.

A Brown también se le acusa de actuar como enlace para los hermanos Arzate y operadores regionales, permitiendo el cobro de cuotas de extorsión y brindando protección a través de la Secretaría de Seguridad Municipal durante su gestión en Rosarito. (PSR)