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Sociedad
Daniela Flores denuncia siete años de revictimización institucional en su lucha por recuperar a su hija
Al centro, Daniela Flores
Foto: Gran Angular
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fue acusada de carecer de perspectiva de género y protección a la infancia en casos de violencia vicaria, tras darse a conocer el caso de Daniela Flores Mustre, quien desde hace siete años enfrenta un proceso legal contra su expareja franco-británico por la sustracción de su hija.
En rueda de prensa este miércoles 20 de agosto, la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia Vicaria presentó el caso de Daniela. Denunciaron que pese a que el 16 de junio de 2025 el agresor fue vinculado a proceso por violencia familiar y sustracción de menores, las autoridades han entorpecido los procedimientos, prolongando el acceso a la justicia para la madre y su hija de 11 años.
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La abogada Aranzazu Paredes Cruz, quien retomó la defensa de Daniela Flores desde julio de 2018, criticó a la FGE por mantener una postura revictimizante hacia la denunciante y la menor de edad.
“Dejar de victimizar a la niña porque pueden crear recuerdos que nunca pasaron”, advirtió, al señalar que en el ámbito penal y familiar no se reconoce que niñas y niños son víctimas directas de este tipo de violencia.
El proceso judicial inició cuando la menor tenía apenas 4 años. En 2018, Daniela Flores aceptó una custodia compartida, pero tres semanas después, el padre incumplió el acuerdo y retuvo a la menor.
Durante dos años y medio, Flores estuvo sin ver a su hija hasta que se le permitió visitas virtuales. Al mismo tiempo que la FGE abrió carpetas de investigación contra Daniela Flores por presunto abuso sexual, amenazas y violencia familiar, lo que —según la víctima— buscó desgastar su credibilidad y retrasar su derecho a la custodia.
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El 26 de julio interpuso la denuncia para recuperar legalmente la custodia de su hija, dónde una jueza tardó siete semanas en otorgar el poder y custodia, cuando el límite legal es de 48 horas.
La colectiva denunció que en Puebla prevalece un ‘pacto patriarcal’ que utiliza influencias para retrasar procesos judiciales y dañar a las mujeres.
"El Poder Judicial debe actuar con imparcialidad y objetividad para garantizar justicia y protección a las infancias y víctimas", agregó.
Además, informó que la colectiva acompaña entre 30 y 35 casos similares de violencia vicaria en los últimos dos años, lo que evidencia que este patrón es sistemático en la entidad.
Daniela Flores sigue luchando para demostrar legalmente que es víctima de violencia vicaria y exigió reparación de daños tras siete años de desgaste legal y personal: “Hoy en día, en el aspecto penal y familiar no consideran que las niñas y niños sean las víctimas en ese tipo de violencia”, declaró. (PSR)