Foro académico periodístico concluye: ciberasedio debe derogarse

La doctora Guadalupe Grajales consideró que la Ley del Ciberasedio "no tiene remedio" y hay más que suficientes argumentos para justificar la acción de inconstitucionalidad de la CNDH, por lo que o se deroga, o se le declara inconstitucional.

Así lo manifestó en un foro realizado en el Instituto Salvador Allende con la participación de periodistas y ciudadanos poblanos interesados en la polémica reforma al Código Penal del Estado, en materia de delitos cibernéticos.

La académica de la BUAP afirmó que los argumentos de la Red Puebla de Periodistas en contra de esta reforma aprobada por el Congreso estatal son suficientes para fundamentar la impugnación que prevé realizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Grajales se mostró insatisfecha por la corrección que pidió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien pidió que se excluya de la aplicación del artículo 480 a los funcionarios públicos.

"El asunto es que efectivamente no sólo a los compañeros periodistas se les está dirigiendo este artículo, sino que es a toda la ciudadanía. (...) ¿A quién beneficia este artículo? A cualquier poder, a los grupos fácticos", apuntó la doctora, quien advirtió que la norma podría tener repercusiones en otros ámbitos de la sociedad.

En el mismo sentido se pronunció la periodista Samantha Páez, quien aludió al caso del doctor Tizcareño W., que pide al gobernador Alejandro Armenta que lo auxilie frente al ciberasedio del que dice ser víctima.

El especialista reclamó que su Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas, que fue clausurada tras numerosas denuncias por negligencia médica, fue objeto de una campaña de publicaciones falsas en redes sociales.

Ante este caso, la periodista criticó la corrección anunciada por la diputada Laura Artemisa García Chávez, puesto que "no exime a la ciudadanía de que nos puedan denunciar por ciberasedio, que es lo mismo que comentan las madres que están denunciando violencia vicaria. Nos pueden denunciar por señalar que están sustrayendo a un menor", advirtió.

También en cuanto a la violencia contra la mujer, Páez consideró que es falaz argumentar que la Ley de Ciberasedio era necesaria para proteger a las mujeres, puesto que ya existía la Ley Olimpia.

La rapidez y el trámite legislativo

Otro tema que fue tratado en el foro fue el proceso legislativo y la rapidez en que se aprobó la reforma, lo que el periodista Ernesto Aroche consideró necesario evaluar para entender por qué fue aprobada la Ley de Ciberasedio.

Según Aroche, la urgencia de aprobar esta nueva norma no respondió a la defensa de la niñez o cualquier otro de los argumentos que después se esbozaron, sino a una cuestión política en la que se pretendía castigar a un usuario por sus comentarios en contra de una secretaria del gabinete estatal.

"La rapidez en que actúa el Congreso del Estado siempre es a petición del gobernador. Creo que Moreno Valle tiene el récord", dijo entre risas el periodista, y aseveró que "todos los gobernadores hacen esto".

El comunicador cuestionó el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre los diputados, señalando que "está claro cómo está capturado por el Poder Legislativo por el gobierno del Estado, no es un tema de Alejandro Armenta o de la 4T".

Aroche aseveró que si antes de tener la Ley de Ciberasedio era posible para los gobernadores hostigar a los medios de comunicación con auditorías y otros métodos, ahora con esta herramienta tendrán una mayor capacidad de intimidación.

La periodista Patricia Méndez consideró que la implementación de esta reforma en Puebla no es un hecho aislado, sino que está vinculado con los intentos en otros estados, y a nivel federal, para aplicar este tipo de sanciones.

El académico Ernesto García Hernández cuestionó también la velocidad en que se aprobó la reforma al Código Penal del Estado y lo contrastó con la "omisión legislativa" en cuanto a la introducción del mecanismo de la revocación de mandato, que sería obligatorio tras su aprobación a nivel nacional.

Quien también lamentó el actuar de los integrantes del Congreso local fue la doctora Grajales, quien apuntó que "el legislador piensa en el bien común, es la teoría utilitarista. Si tú vas a imponer un castigo, es en beneficio de la sociedad".

La académica insistió en que esta normativa no beneficia a la sociedad en su conjunto, sino solamente al poder, y consideró que deben existir otros caminos de "injerencia mínima" para lograr el objetivo que se proponen.

Finalmente, la periodista Méndez hizo un llamado a la ciudadanía para que se opongan a la Ley de Ciberasedio, insistiendo que aunque las personas crean que solo afecta a los periodistas, realmente tiene mayores repercusiones.

"Si nosotros como sociedad civil lo dejamos pasar, el riesgo es muy alto", advirtió la comunicadora. (CR / PSR)