Señalan a Director de la Policía de Ixcamilpa de entorpecer desalojo

El director de Seguridad Pública Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, Óscar García, podría enfrentar tres denuncias penales tras los hechos ocurridos la mañana del viernes 21 de febrero, cuando se iba a llevar a cabo un proceso de desalojo en una propiedad particular, que debía ser ocupada por la ganadora de un juicio reivindicatorio. Sin embargo, actuó de manera opuesta.

Tras 20 años de litigio en el Juzgado Mixto, la sentencia para que se tomara posesión de la vivienda ubicada en la calle Ayuntamiento, esquina con 5 de Febrero, cerca de la Presidencia Municipal, debía hacerse efectiva el 21 de febrero. María de Jesús Sánchez González, quien ganó el juicio, llegó acompañada por el diligenciario y elementos de dos corporaciones policiales, pero fue impedida de tomar posesión.

A pesar de la notificación oficial emitida por el Juzgado Penal de Chiautla de Tapia a todas las partes involucradas, el director de la Policía Municipal de Ixcamilpa, primo de la alcaldesa Delia García, presuntamente instó a los ocupantes a desobedecer la orden y a no desocupar la propiedad.

El funcionario del juzgado insistió en que debía cumplirse el mandato, pero la respuesta del director policial fue que “para ellos no era aún horario laboral, este comenzaba a las 9 de la mañana”.

A medida que la situación se tensaba, los manifestantes se agruparon y comenzaron a proferir gritos de protesta en favor de la familia ocupante, llegando incluso a insultar y agredir verbalmente a la comitiva encargada del desalojo.

Para evitar mayores conflictos, la ganadora del juicio, su abogado y el diligenciario solicitaron la cancelación del proceso de desalojo. Tras esto, el director de la Policía Municipal acompañó a los intervinientes hasta la parte norte del municipio, en dirección a Chiautla de Tapia.

Ahora, la parte demandante analiza la posibilidad de presentar una denuncia contra el director de la Policía Municipal de Ixcamilpa de Guerrero por el delito de obstaculización del cumplimiento de un mandato judicial, además de posibles cargos por tráfico de influencias o conflicto de intereses. (RC)