Negocios de Gobierno de Puebla con Tavera Ramos, sin irregularidades: auditorías

Sin observaciones a compras millonarias y contratos públicos eliminados para consultar y revisar a dependencias sin adquisiciones, así se encuentran los resultados de las auditorías del Gobierno de Puebla a los negocios que hizo con compañías de Florentino Daniel Tavera Ramos, acusado de lavado de dinero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó el 3 de octubre del 2022 que aseguraron a Florentino Daniel N, por su supuesta participación en una red de empresas fachada para lavado de dinero. Uno de los clientes de las compañías del detenido fue el Gobierno de Puebla.

Tavera Ramos participa en múltiples empresas como representante legal o apoderado, nunca como accionista. A través de decenas de revisiones al Registro Público de Comercio (RPC), se identificaron a por lo menos 13 compañías que el detenido representó y se volvieron proveedoras de los tres niveles de gobierno en México.

La administración del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, firmó por lo menos 12 compras con empresas representadas por Tavera Ramos que recibieron 35.7 millones de pesos, durante 2019 y 2020. A partir de este año ninguno de esos contratos es consultable.

"Todas esas operaciones (con Florentino Daniel Tavera) se tienen que investigar, porque para mí, de entrada, todas esas operaciones son facturas falsas para justificar cosas y yo no voy a pasar por nada de eso, mi gobierno no va a pasar por nada de eso”, advirtió Barbosa Huerta el 10 de octubre del 2022.

e-consulta solicitó a la SFP de Puebla información sobre cuántas auditorías están en curso o finalizadas en el gobierno por compras con Tavera Ramos, así como los elementos considerados para determinar la inexistencia de observaciones en revisiones finalizadas; sin embargo, hasta esta publicación no se emitió comentario alguno.

Los criterios de las auditorías internas son ambiguos, por lo que hay casos sin observaciones como el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), por no tener “ninguna operación de compra o contratación de servicios con los proveedores enunciados”, según su informe.

Revisan a uno de ocho compradores

Destaca que, de las 21 auditorías a contratos terminadas, la Secretaría del Bienestar estatal fue la única cliente de Tavera Ramos en el gobierno de Barbosa Huerta, pese a que existieron otros siete compradores en el mismo periodo que carecen de documentación pública que confirmen tener verificaciones internas en curso.

La Secretaría del Bienestar de Puebla es encabezada por Lizeth Sánchez García, desde las compras con Tavera Ramos hasta ahora, con la actual administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina. El órgano interno de control de la dependencia concluyó en 2022 que no halló irregularidades en las compras que auditó.

A finales del 2019 la dependencia de Sánchez García firmó el contrato SB/DRMSGI.035/2019 con Comercio y Servicios de Consultoría Nasas SA de CV, representada por Tavera Ramos. La compra fue por 149 mil 904 pesos por blusas y camisas destinadas al personal de la Secretaría.

Este medio contactó a las Unidades de Transparencia de los compradores de Tavera y aseguraron que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local los obliga a conservar información desde 2021 en adelante, por lo que eliminaron los años previos y sólo podrán obtenerse por solicitud de acceso a la información.

Sin embargo, las Unidades de Transparencia mantienen a consulta información del 2015 hasta 2018, pero aseguraron que es por posibles descuidos de su personal; por lo que sólo desaparecieron del sistema el primer año del gobierno de Barbosa Huerta y los meses de interinato de su antecesor, Guillermo Pacheco Pulido.

ASE, sin ver anomalías con Tavera

Otra de las autoridades responsables de supervisar el manejo de recursos públicos es la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, pero al consultar los informes de las cuentas públicas de los ocho compradores de Tavera Ramos de 2019 a 2021, sólo en dos ocasiones incluyeron a sus muestras contratos con sus empresas.

Ambas revisiones fueron al Poder Judicial. La primera en 2019, cuando solventó observaciones al contrato CJPJEP-46/2019 con Grupo Estratégico Risoja SA de CV, representado por Tavera Ramos, con una inversión de 2.2 millones de pesos para computadoras, pero atendió la anomalía con la entrega de los documentos faltantes.

Si bien la ASE descartó irregularidades, el contrato CJPJEP-46/2019 pudo tener simulación de competencia, ya que el proceso pasó mediante concurso por invitación, en el que compitieron Grupo Estratégico Risoja contra Consultores Comerciales y Administrativas La Noria SA de CV, ambas representadas por Tavera.

La segunda revisión de la ASE al Poder Judicial ocurrió en el ejercicio 2021, tras emitir la observación 0023-21-70/02-I-PO-01 por más de 30.2 millones de pesos de múltiples compras. Una de las verificaciones se etiquetó como “Expediente licitación 2020 Risoja”, que puede estar relacionado con Grupo Estratégico Risoja.

En el caso de los otros siete contratantes del supuesto ‘lavador de dinero’ en el gobierno de Barbosa Huerta, la ASE no los incluyó en ninguna de sus muestras de fiscalización, tras no mencionarse ningún número de contrato, la razón social de las compañías o incluir el nombre de Tavera Ramos.

Aunque otra de las características de las contrataciones fue la posible simulación de competencia, como en el número CECyTE/DG/DAD/RM/CT/35/2019 del CECYTE que pagó 162 mil 400 pesos a Comercio y Servicios de Consultoría Nasas, tras competir con Grupo Operador Comercial Tisoarel SA de CV; pero ambas eran representadas por Tavera.

Dicha situación se repitió con el contrato 26-CTO-19 por 64 mil 888 pesos de la UPP, al ganarlo Siniigna Construcciones e Infraestructura SA de CV, luego de competir contra Obras Civiles e Industriales Richpe SA de CV, así como Materiales y Construcciones Laos SA de CV; tres compañías de Tavera Ramos. (AD)