Política

Por dudas retrasan reforma de Barbosa para quitar al auditor

Por dudas retrasan reforma de Barbosa para quitar al auditor
Por Mariana Salinas | Martes, Noviembre 30, 2021 |
Foto / Agencia Enfoque
Con una serie de reformas constitucionales el gobernador facilitaría la destitución del auditor y crearía nuevas áreas en el Tribunal de Justicia Administrativa

Por dudas sobre la creación de la Junta de Gobierno y Administración y la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, legisladores frenaron la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que también contempla facilitar la destitución del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), actualmente encabezada por Francisco Romero Serrano.

En comisiones se pondría a votación este martes la iniciativa presentada la semana pasada, pero se acordó un receso para analizar las observaciones que hicieron legisladores de oposición y la sesión se reanudará este miércoles, con la intención de que la reforma se apruebe en el pleno el jueves.

En entrevista el diputado local Eduardo Alcántara Montiel, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que las reformas que involucran al Sistema Estatal Anticorrupción no corresponden a lo establecido a nivel federal, por lo que el dictamen estará en revisión.

"Tenemos algunas dudas de que la armonización del tema del Tribunal de Justicia Administrativa sea realmente acorde a lo que dice la Constitución; se fijó un receso para dejar por escrito las observaciones y puntualizando algunas cosas que nosotros consideramos no se actualiza totalmente de nivel federal al local", aseguró.

Barbosa Huerta envió su iniciativa el pasado 25 de noviembre, y con ella busca establecer en el artículo 113 constitucional que procederá la destitución del auditor exclusivamente, "por causa grave, con la misma votación requerida para su nombramiento y a través del procedimiento especial que prevea la ley del Congreso".

Se calificará como una “causa grave” el contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización; no satisfacer los requisitos de ley, ausentarse de sus labores por más de un mes o retrasar por más de un año sin justificación válida la entrega de los informes de fiscalización.

También se consideraría la remoción por permitir la injerencia de partidos políticos en los procesos de fiscalización o de revisión en la cuenta pública; por obtener una evaluación del desempeño no satisfactoria por parte del Congreso durante dos periodos consecutivos.

Esta iniciativa se suma a la que envió el 4 de noviembre, para permitir que la o el próximo titular de la ASE sea alguien que haya encabezado alguna secretaría o dependencia del gobierno estatal en los últimos tres años.

Las dos iniciativas han sido interpretadas como los preparativos para la destitución del actual auditor, Francisco Romero Serrano, designado por el Congreso en noviembre de 2019 para un periodo de siete años, que concluirá en 2026.

Reorganización del TJA

El proyecto de ley también aborda el artículo 12 constitucional, ya que en la fracción X busca reorganizar al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

"Se busca que haya una sala específica que desahogue los problemas de responsabilidad administrativa, por ejemplo, un funcionario público cuando acaba el servicio tiene dos días para la defensa penal ante la FGE y de responsabilidad administrativa ante el tribunal", explicó Alcántara Montiel.

La reforma enviada por el morenista busca además crear una Junta de Gobierno y Administración, así como una Sala Especializada para el tribunal.

La integración de la Sala Especializada sería de tres magistrados electos por el Pleno, pero no pertenecientes a este, y ostentarían el nombramiento durante cuatro años.

"La Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por tres magistrados. Será presidida por uno de sus miembros, nombrado por mayoría simple de los mismos durante un periodo improrrogable de cuatro años", dicta la iniciativa.

Los magistrados se encargarían de atender las faltas administrativas y relacionadas con el manejo de recursos que causen un daño a las cuentas y patrimonio público.

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