La LX Legislatura del Congreso de Puebla se fue con una marca histórica de juicios en su contra promovidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en tres años acumuló 22, de los cuales 16 fueron interpuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el trienio el poder Legislativo (con mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia) no ganó ningún litigio y perdió diez, uno fue sobreseído y uno fue declarado improcedente.

Aunque la LX legislatura se fue el 14 de septiembre de 2021, la SCJN aún no resuelve una decena de juicios, el último presentado hace unos días en contra de un requisito para integrar la Comisión de Búsqueda de Personas.

Se trata de la acción de inconstitucionalidad 145/2021, que combate la fracción II del artículo 28 de dicha ley, pues exige para ser parte de la Comisión de Búsqueda "no haber sido inhabilitada como persona servidora pública”, lo cual es discriminatorio para la CNDH.

Congreso pierde diez litigios

Las diez derrotas del Congreso del estado fueron ante la CNDH y legisladores tuvieron que corregir el Código Civil del estado, leyes de ingresos de diversos ayuntamientos y está pendiente de corregirse la Ley de Educación.

Mediante la acción de inconstitucionalidad 186/2020, la CNDH impugno nueve artículos con sus fracciones sobre el acceso a la educación de comunidades indígenas y personas con discapacidad, pues nos e realizó una consulta previa, libre e informada a estos sectores, así que el Congreso tendrá que realizarla antes de modificar la norma.

La legislatura también perdió el juicio 138/2019, con el cual la CNDH combatió reformas al Código Penal del estado, ya que se aumentaron las penas por desaparición forzada, pero el Congreso local carece de facultades para legislar en este tema.

Con las otras acciones de inconstitucionalidad que ganó el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, se echaron abajo cobros por el servicio de acceso a la información pública y alumbrado público en diversos municipios.

Los cobros se establecieron en las leyes de ingresos municipales, mismas que pasaron por el poder Legislativo y que se avalaron sin ningún cambio.  

Los recursos pendientes

El 26 de abril de 2021 la CNDH promovió la acción de inconstitucionalidad 73/2021 contra el Congreso local para que se elimine del Código Civil del estado el requisito de tener la mayoría de edad para poder solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida.

El organismo consideró que limitar el rango de edad para acceder a este procedimiento es excluyente y vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal, sexual y de género, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes en la entidad. 

El dictamen sigue pendiente, así que sólo las personas mayores de 18 años están autorizadas para realizar este trámite en el Registro Civil. 

Buscaban eliminar DAP de 60 municipios 

Otro de las impugnaciones que no han sido resueltas por la SCJN también tienen que ver con los cobros de Derechos por la prestación de Alumbrado Público (DAP) que iban plasmados en la Ley de Ingresos para ese año de 60 municipios. 

La impugnación 14/2020 se mantiene pendiente aun cuando las gestiones municipales que impusieron dichos cobros ya terminaron el pasado 14 de octubre. 

La impugnación detalla que los ayuntamientos no están autorizados para considerar un impuesto el servicio de alumbrado público pues la prestación del servicio es en beneficio de toda la comunidad no de sujetos particulares. 

En sus sentencias previas la SCJN ha resuelto que fijar un impuesto sobre energía eléctrica corresponde al Congreso de la Unión, por tanto, si los ayuntamientos o los congresos locales establecen tarifas al respecto, incurren en una violación al derecho humano a la seguridad jurídica