100 días de pleito por la UDLAP y su destino depende de jueces

El miércoles se cumplieron 100 días de la toma de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cuyo destino es incierto porque se desconoce quién tendrá el control absoluto del patrimonio material y financiero, debido a múltiples juicios interpuestos por los dos patronatos que se asumen como legítimos.

El vocero de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), Enrique Rodríguez Martínez, declaró que a su favor hay una suspensión provisional del juzgado Segundo en materia de Amparo Civil, para que se libere el campus de San Andrés Cholula, así como otra suspensión definitiva que determina como inamovible al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa.

“Desde hace dos meses y medio se obliga al patronato espurio a devolverlo y regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la intervención. No lo han hecho, buscan diversas estrategias irregulares en la que están inmersos dos juzgadores de la Ciudad de México, el 24 y 60 de los civil”, relató a e-consulta.

Por su parte, Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado legal de la Fundación UDLAP (Fudlap) del nuevo patronato, confirmó que están en la espera de echar abajo un amparo de revisión para mantener el campus y obtener el control económico.

“Ya se les ordenó que entregaran la universidad pero no se ha hecho y están en que se resuelva un amparo en revisión que ellos promovieron, que van a perder, no les puedes entregar una fundación a las personas que las saquearon”, comentó.

El 29 de junio, la Policía Estatal de Puebla tomó el campus de la UDLAP para entregar el control al nuevo patronato, derivado de una supuesta orden judicial por el presunto desfalco de más de 700 millones de dólares de la FMSJ.

Hasta ahora, no hay fecha de regreso a actividades presenciales, a pesar de una serie de protestas, desplegados y pronunciamientos públicos de la comunidad universitaria.

“Ya deberíamos tener finanzas”

Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado legal de la fundación que nombró la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, órgano desconcentrado del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, afirmó que ganaron un mandato judicial para recuperar las cuentas financieras, pero no las han recibido.

“Nosotros estamos directo a los bancos (…) nosotros somos el patronato legalmente constituido y deberíamos tener el control de la universidad, ya lo tenemos (el campus) pero no nos entregan el tema contable”, declaró.

En entrevista con e-consulta, señaló que son varios juicios los que enfrentan –aunque “no tantos”– y que van ganando, pero que no pueden presionar a que resuelva la autoridad de manera inmediata para tener en su posesión las cuentas bancarias.

Aseguró también que se emitieron nuevas órdenes de aprehensión en contra de la familia Jenkins de Landa y el exrector, Luis Ernesto Derbez Bautista. “Sí hay más personas involucradas, claro que existen en el tema político, se corrompieron a muchas autoridades, seguramente les tocó una tajada, pero no podemos decirlo”, agregó.

Además aseguró que existe un contrato que demuestra cómo los Jenkins de Landa pactan con el abogado Virgilio Rincón Salas y su equipo jurídico para realizar un fraude y el desvió de recursos.

El contrato dice que pagaron a los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz –a través del despacho jurídico Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto y Compañía S.C–, el 15 por ciento del valor total de los bienes de la fundación, hecho por el cual ya existe una orden de aprehensión.

“Los hoy prófugos de la justicia se repartieron el patrimonio de la fundación por un monto de más de 2 mil millones de pesos. A la firma de este documento, le entregaron a los abogados Rincón Salas y González Muñoz la cantidad de 1 mil 100 millones de pesos. Parte de estos recursos habrían sido enviados a otros lugares del mundo, como Alaska, Estados Unidos", denunció.

Con este contrato, asegura, pueden presentarse como prueba superveniente para sustentar y acreditar su denuncia inicial y cuyo resultado podría ser la liberación a su favor del campus de la UDLAP.

El contrato caducó: FMSJ

No obstante, Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la FMSJ, aclaró que el contrato que fue divulgado solo buscó distraer a la sociedad del conflicto y aclaró que ya caducó antes de 2018.

“Ese documento es un refrito, un tema que ya fue atendido por la propia Fiscalía y que de los señalamientos fueron exonerados los familiares Jenkins de Landa y el equipo jurídico, entre los que se encuentran Virgilio Rincón, desde el 2018. El documento fue cancelado”, comentó.

Si bien dijo que el contrato define una cantidad y se firma, sostuvo que es lícito y fue revisado por las autoridades federales, para su posterior cancelación con la reintegración total a la FMSJ, como parte de un proceso judicial.

Incluso resaltó que el contrato se realizó como una "estrategia de protección" ante la persecución desde el gobierno del difunto exgobernador Rafael Moreno Valle.

“La persecución inicia desde Moreno Valle, se actualiza con Miguel Barbosa Huerta, es una estrategia, es lícita y se canceló porque en su momento creó su objetivo”, dijo al referir que no tienen lógica los señalamientos de la contraparte.

Lamentó que ahora exista un interés e intención de apropiarse de recursos privados del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En tanto, señaló que la FMSJ en los últimos ocho años ha otorgado más de 277 millones de pesos, distribuidos en 67 proyectos de los sectores de educación, salud, deporte, cultura y asistencia social, para impulsar el desarrollo social de Puebla y de México.

Entre los que destaca la alianza con la Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se realizó un donativo por más de 38 millones de pesos para la compra de ventiladores durante la pandemia del covid-19.

Asimismo, se donaron a la Cruz Roja Mexicana más de 7 millones 700 mil pesos y en apoyo al personal médico se donaron 6.2 millones de pesos en 2020 y 2.4 millones en 2021, por concepto de hospedaje.

Se destinaron 50 millones de pesos para la reconstrucción de templos y viviendas, tras el terremoto de 2017. Mientras, el Museo Nacional de Bellas Artes ha donado más de 67 millones de pesos, entre 2014 y 2021.