La Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales, después de la negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP).

El pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata “al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa”, pero no se ha acatado la orden hasta este martes.

La Fundación refirió en un comunicado que ante la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo, hay conductas ilícitas y distintos delitos federales, “que han sido cometidos durante la incursión del pasado 29 de junio en la UDLAP, tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial”.

En particular, José Daniel Vázquez Millán, presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), ha sido responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato, que a su vez nombró a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP, “pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la universidad”.

El comunicado agrega que “la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”.

La Fundación Mary Street Jenkins expuso que hay señalamientos sin pruebas, además de “una campaña dolosa” que usa la fuerza del gobierno estatal, hecho inadmisible en un Estado de Derecho.

También refiere que el mandamiento del Poder Judicial de la Federación, que ganaron el fin de semana, “tiene efectos amplios”.

“La verdad legal y la razón asiste a la Fundación Mary Street Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para esta institución”, agrega.