El equipo jurídico de la Fundación de Universidad de las Américas Puebla solicitó por escrito al juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil de la entidad se aplique el uso de la fuerza para hacer valer la suspensión provisional que ordena la reinstalación de Ernesto Derbez como rector de la universidad y del patronato por Margarita Jenkins.

Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, explicó que para este caso pidieron la intervención de la Guardia Nacional, para recuperar el campus universitario que les fue arrebatado el 29 de junio por un nuevo patronato que nombró la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.

“La aplicación de la fuerza es una atribución que tiene el juzgado para hacer cumplir sus determinaciones en vía amparo, de acuerdo a la ley (…) Estamos en la espera de la determinación del juzgado para hacer cumplir su propia resolución”, comentó a e-consulta.

Enrique Rodríguez declaró que no habrá una confrontación directa, pero si le solicitan al juzgado que proceda de esta manera para que se cumpla con la resolución provisional.

Así mismo, dijo que, aunque el Poder Judicial de la Federación está de vacaciones, eso no implica que se detengan las acciones de los juzgados.

Hay una cobarde interpretación

El 16 de julio, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil de Puebla emitió la suspensión provisional para invalidar las acciones de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, del gobierno de Miguel Barbosa.

Daniel Vázquez, presidente de la Junta, declaró que el juicio no tenía validez porque no había argumento legal y lo había emitido un secretario más no un juez.

“Ahora resulta que cuando les duele una decisión de los juzgados federales dicen que es irregular y no tiene alcances, pero cuando viene una decisión que desfavorece a sus intereses de un juez del fuero común de la Ciudad de México dicen que es perfecta y maravillosa. Entonces, me parece que es una forma muy cobarde de interpretar la ley”, respondió Enrique Rodríguez.

El vocero de la Fundación Jenkins aclaró que los secretarios tienen funciones de jueces y que la resolución ordena restituir el Patronato de la UDLAP de manera inmediata a Margarita Jenkins y como rector a Ernesto Derbez.

“Es muy lamentable que no se reconozcan las decisiones”, dijo al recordar que el dictamen si expresa esta resolución.

Así mismo, condenó que Daniel Vázquez, el titular de la Junta, no tenga conocimiento de temas legales y le recomendó asesorarse mejor. “Hacen señalamientos sin ni una sola prueba. Que nos demuestran que no tenemos este alcance federal”, retó.

Barbosa comete un error

En el entramado legal de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se han utilizado a las instituciones del gobierno de Puebla, denunció el vocero de la Fundación Mary Street Jenkins y acusó que el gobernador Miguel Barbosa se está equivocando y buscando beneficios de un juicio entre particulares.

“Lo que están tratando de hacer es apropiarse de patrimonio privado que no les corresponde. Lo que está haciendo el gobernador (Miguel) Barbosa es un gran error, una enorme equivocación, que pretende en un sentido de apropiación hacerse del patrimonio privado. La Fundación Jenkins son recursos privados, sus organizaciones y la UDLAP es una institución privada. Lo que hace (Barbosa) es mandar a atacar fundaciones filantrópicas e instituciones, inquieta a la iniciativa privada”.

Rodríguez explicó que en este proceso legal hay una cadena de arbitrariedades, entre ellas que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla no puede intervenir en una Fundación que tiene su dirección en Jalisco.

“En virtud de la persecución que se enfrentó desde el gobierno de Rafael Moreno Valle, se tomó la estrategia para proteger el patrimonio y trasladar el domicilio social, fiscal y jurídico a Jalisco. No está domiciliada en el estado de Puebla y eso lo sabe el gobernador”, explicó.

También condenó que, en las conferencias mañaneras, exista un linchamiento mediático en contra de la familia Jenkins por parte de Barbosa.

“Ya basta que el gobernador haga acusaciones sin tener sustento jurídico o una sola prueba. Ya basta de que esté pisoteando los derechos de la familia Jenkins de Landa (…) es muy lamentable que un organismo del gobernador Miguel Barbosa esté siendo utilizado de esta forma”, añadió.

El vocero de la Fundación MSJ reprobó la postura del gobernador y que no se reconozca sus acciones de filantropía para mejorar, entre otras, su despacho actual Casa Aguayo, que fue intervenido por la Fundación en el 87.

¿Van a proceder legalmente en contra del gobernador?, se cuestionó.

-Tendríamos que presentar mil denuncias. El gobernador todos los días en la mañana dice falsedades. Parece que su deporte preferido es lanzar acusaciones sin presentar una prueba, la verdad es que el rango de impunidad en las declaraciones del gobernador Barbosa es espeluznante.

Acudir a instancias que dependen del propio gobernador que violenta la ley y el principio de legalidad, nos parece una pérdida de tiempo; sabemos que la estrategia es violentar la legalidad y no reconocer el estado de derecho. Que él se haga responsable de sus declaraciones, que asuma las consecuencias de lanzar recriminaciones sin pruebas ni documentos. Que sea la sociedad la que lo juzgue. Nosotros no tenemos la esperanza de que vayan a cambiar las cosas. Sabemos que sus intenciones son apoderarse del patrimonio privado y no lo va a lograr, porque nosotros tenemos una defensa muy efectiva para evitar que eso ocurra.

Las órdenes de aprehensión

De acuerdo con Enrique Rodríguez Martínez, desde el 2018, se determinó desde la Procuraduría General de la República (PGR) no emitir acción penal en contra de la familia Jenkins de Landa, los patronos de la fundación UDLAP ni el rector Luis Ernesto Derbez Bautista.

Por esa razón, dijo que las nuevas órdenes de aprehensión que se dieron este año tienen un proceso que seguirá en los próximos meses.

“(En el juicio de 2018) se adquirió la categoría de cosa juzgada, eso no lo comentan (los nuevos patronatos) porque saben perfectamente que se violenta un principio básico que se llama respeto a la cosa juzgada”, comentó.

Aun así, hubo otro proceso legal que giró nuevas órdenes de aprehensión, pero al mismo tiempo se emitió un amparo para no remover de la UDLAP a Margarita Jenkins de Landa así como al rector Ernesto Derbez.

“No respetaron el amparo y lo saben muy bien, fueron violentadas y fue así como se intervino con policías estatales a la universidad el 29 de junio”, finalizó.